¿economizar en justicia?

 

Por mucho que se proponga no hacerlo, siempre va a terminar relacionándose con la Justicia, así, en mayúsculas. Y digo lo de no hacerlo porque me consta que hay personas que piensan que la Justicia engloba el mundo de los juzgados, el de los pleitos. Y no desean que se les cumpla aquella maldición que decía, “pleitos tengas y los ganes”. Maldición sorprendente donde las haya, pues solo te desea el tenerlos, aunque los ganes. Pero no es así, el mundo de la Justicia es mucho más, es la inscripción de una recién nacida en el registro civil, es el otorgamiento de una escritura de poderes, es la inscripción de la transmisión de un inmueble en un registro de la propiedad, es la inscripción de un acuerdo societario en el registro mercantil, es la obtención de un certificado del registro de últimas voluntades, es la inscripción del nombramiento de un patrono en el registro de fundaciones, es la incorporación de la apostilla sobre un documento público para que tenga validez jurídica en otro país, siendo ambos firmantes del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1965, y seguro que me olvido de algunos otros procesos o asuntos.

En fin, es un amplio mundo, variopinto y singular, en el que aún se mantienen ropajes de siglos pasados que se pretenden compatibilizar con medios del siglo XXI, pero estamos viendo que ello no es posible. Al menos en España. Y les aseguro que hablo de toda España, porque no hay zonas exentas de problemas con la Justicia. Porque la Justicia es un problema en España. Y sorprende que con tanto abogado en las cámaras legislativas no se resuelvan las disfunciones o dislates que se producen en la actualidad a lo largo de todo el entramado. Y es un asunto importante porque lo económico depende, en buena medida, del funcionamiento de la Justicia. Es comprensible que los nuevos tratados comerciales, los de tercera generación, tipos TTIP o CETA y los que no afectan a Europa, pero influyen en ella, incorporen todo un desarrollo jurisdiccional para escapar del marasmo judicial. No tomen este texto como una manifestación a favor o en contra de estos tratados.

Les he localizado unos cuadros numéricos para tener referencias del trabajo relacionado con la justicia. En el primero pueden ver la tramitación de peticiones de entidades religiosas, que pone de manifiesto el incremento en la acumulación de asuntos. Los datos están obtenidos de la Memoria de 2015 de la Subdirección General de Relaciones de las Confesiones.

Fuente: Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia

En el segundo pueden ver los asuntos con costas a cargo de la Administración del Estado en la Audiencia Nacional y no sé si nos va a dar el presupuesto para atender el incremento que se está produciendo. Los datos los he obtenido de la Memoria para 2014 (vaya actualidad) de la Dirección General de la Abogacía del Estado.

Fuente: Dirección General de la Abogacía del Estado

Desde el Ministerio de Justicia no tenemos más memorias informativas sobre la Justicia, lo único es la información personal de cada uno en su relación con este departamento. El Registro de Fundaciones tiene un retraso de unos 2 años, según todas las fuentes con las que he consultado, además de por mi experiencia personal. El Registro Civil Central suele tardar unos 2 meses en darte un certificado, que tortura para los que hemos nacido en el extranjero. Y no olviden que para obtener ciertos documentos hay que abonar tasas, aunque no está definido con lógica cuándo hay que abonar tasas y la cuantía de las mismas. Y por eso me pregunto, ¿por qué en vez de sumir en la anorexia funcionarial y de medios a estos registros públicos, no copian el modelo que se usa en los mercantiles y de la propiedad? Una Justicia ineficiente tiene unos grandes costes económicos que este país no se puede permitir, sin olvidar las complejidades técnicas que inhabilitan la eficacia de la tramitación vía telemática.

Y es que hay cosas que claman al cielo. Para pedir un certificado de últimas voluntades por vía telemática hay que cambiar la configuración del ordenador y poner al mismo en situación de riesgo. Esto no lo he vivido nunca en mis relaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Pero vayamos al meollo de la cuestión, la llamada Administración de Justicia. El mundo de los tribunales. Aquí sí tenemos una mayor información gracias al Consejo General del Poder Judicial. Y como ya tenemos la memoria de 2017 (la que trata de los asuntos de 2016) podemos reflejar el resumen más significativo de la misma, aunque antes dejen que les indique que el número de jueces y magistrados por habitante ha disminuido, a pesar de que la población española ha descendido en los últimos años, no ha servido para compensar la caída en el número de aquellos. Alguno habrá pensado que no hacen falta.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Veamos el dato resumido tomado de la memoria, que pueden consultar detenidamente desde este enlace.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Realmente no hemos mejorado en nada, a pesar de la reforma de 2015 del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que supuso una mejora cosmética de las cifras en bruto. En España tenemos una causa pendiente de resolución judicial por cada 18 habitantes, aproximadamente. La prueba palpable del desastre en la organización de la Justicia ha sido todo lo relacionado con LexNET, ese aplicativo que iba a agilizar la tramitación judicial y que algunos ven como una suerte de nuevo potro de torturas ideado por un personaje de Kafka.

Y es que el presupuesto del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial es de unos 1.650 millones de euros anuales durante los últimos 4 años, sin cambios significativos, y sin noticias de que las comunidades autónomas hayan decidido dotar a la Administración de Justicia de los medios adecuados, basta darse un paseo por las sedes de los juzgados de Madrid, de cualquiera de las jurisdicciones.

Ya ven los datos, preocupantes, del aumento de los meses en la duración de las causas. De la disminución del número de sentencias impartidas por magistrado. Pero como todo no funciona mal, hay que decir, por la experiencia que no reflejan las frías memorias, que hay juzgados que funcionan de maravilla, como alguno de lo mercantil o de lo social de Madrid, sin retrasos, con buen trato. Y por eso surgen de nuevo las preguntas, ¿por qué unos sí y otros no?, ¿por qué nadie incentiva al buen profesional?, ¿por qué no promocionan esos que saben que están cumpliendo una importante función social y ponen en ello todo el esfuerzo de que son capaces?

Economizar en Justicia es una de las peores cosas que se puede hacer, una sociedad en la que sus ciudadanos no perciben que se hace justicia, es una sociedad abocada al fracaso. La actividad económica necesita seguridad jurídica, que no es sinónimo de que no se puedan cambiar las normas, si no de que los cambios son razonables, mínimamente predecibles y justificados. La actividad económica necesita una justicia eficaz y eficiente para asegurar que las creaciones, los derechos de propiedad intelectual o los contratos, se respetan y se cumplen. La Justicia asegura que los ciudadanos se sienten “dueños” de su futuro. Deberíamos aprender de aquellos países en que funciona la Justicia porque son los que encabezan la clasificación del desarrollo. Quizá lo ocurrido estos últimos días sirva para aprender lo que significa no respetar la legalidad y nos demos cuenta de lo importante que es la Justicia.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *