¿impuestos o depuestos?

 

 

Como ya conocen los lectores de este blog, el 1 de enero de este año 2015 ha entrado en vigor la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que constituye el mascarón de proa de la ampulosa, por publicitada, reforma fiscal que el gobierno dice haber puesto en marcha y que se completa con la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades y la reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Debemos apuntar que las reformas deben hacerse con leyes nuevas, no parcheando las antiguas, que luego pasa lo que pasa y los órganos administrativos se revuelven contra lo legislado, por mor de la aplicación de normas vigentes, aunque inconexas. Y es lo que nos ha ocurrido en el caso del que quiero hablarles, que más que un caso aislado sin mucha importancia, nos lleva a preguntarnos ¿existe vida inteligente en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas? La reforma de la Ley del IRPF ha modificado, entre otros, el artículo 27 de la misma que, en el párrafo tercero del apartado 1 pasa a decir lo siguiente:

«Artículo 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas.

No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.»

¿Qué significa lo anterior?, que los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades profesionales y que tengan una participación en la empresa, por pequeña que esta sea, y que estando de alta en el llamado régimen de trabajadores autónomos, realicen para la empresa la actividad que la empresa realiza para clientes, perciben rendimientos de actividades económicas y no rendimientos del trabajo. Lo que supone una discriminación en cuanto a la hora de determinar las retenciones a cuenta. Y existe discriminación porque las retenciones por rendimientos de actividades económicas no tienen en cuenta las circunstancias personales del profesional o empresario, es la misma para todos, el 19%, en general.

Edificio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Edificio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

A pesar de la queja y de lo incomprensible de la norma, pues no hay una relación en su aplicación con el grado de participación en la sociedad en cuestión, no queda más remedio que aceptar la modificación legal y empezar a aplicar lo dispuesto. Y uno, en su corto dominio de la materia, entiende que, calificados los rendimientos como procedentes de actividades económicas, los mismos estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y, el que ha pasado a ser profesional, ya no trabajador, deberá proceder a presentar declaración por dicho impuesto de manera periódica al ser sujeto pasivo del mismo. Lo que acaba de incrementar el volumen de declaraciones a procesar y las obligaciones fiscales a cumplir. Y uno deduce lo afirmado porque, aunque sabemos que los impuestos son independientes entre sí, nadie nos ha contado que sean incongruentes. Pero, como dicen los jóvenes hoy en día, va a ser que no. El pasado día 10 de febrero la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que no es un órgano que imparte doctrina en materia tributaria, comunicó a asociaciones profesionales, pues no se localiza en la web de la AEAT, una nota informativa en la que viene a concluir que: “Si la relación socio-sociedad debe calificarse como laboral por concurrir las notas de dependencia y ajenidad, los servicios prestados por el socio a la sociedad estarán no sujetos al IVA en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.5º de la Ley del IVA.”

Pues bien, desde hace muchos años, la Inspección de Trabajo, por indicación de la Seguridad Social, viene persiguiendo que los profesionales que colaboran en las llamadas clínicas dentales y podológicas sean considerados empleados por cuenta ajena de las mismas y no prestadores de servicios profesionales. Y existen numerosas sentencias de los tribunales, incluso del Tribunal Supremo, en que se afirma de manera explícita que son empleados por cuenta ajena y no profesionales. Pero el Ministerio de Hacienda ha venido a complicar la situación y si estas personas tienen participación en el capital social, aunque solamente sea de un 1%, de la empresa que los tiene contratados, pasan a ser: para la Seguridad Social, trabajadores por cuenta ajena; para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, personas que obtienen rendimientos de actividades económicas; para el Impuesto sobre el Valor Añadido, trabajadores que, a pesar de lo anterior, no son sujetos pasivos del impuesto. Pero si tuviesen el 10%, por ejemplo, y fueran administradores de la sociedad, pasarían a estar en el régimen general pero asimilados a autónomos; vamos, tres situaciones distintas y una sola actividad verdadera. La trinidad en forma de impuesto.

Así que a estos trabajadores que son perceptores de rendimientos de actividades económicas, pero que pueden estar en distintas situaciones en la seguridad social, hay que aplicarles en la nómina una retención por IRPF del 19% sin atender a sus circunstancias personales o familiares, y se supone que podrán deducir gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, pero con el IVA incluido, pues no son sujetos pasivos del impuesto y no tienen derecho a la deducción del mismo. Pero se puede complicar aún más la situación, porque la norma lo que dice es que deberán estar en el régimen de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o en una mutualidad, para que se les apliquen retenciones por actividades económicas, y entonces ¿qué hacemos con esos podólogos que no pudieron darse de alta en la Seguridad Social y se ven obligados a cotizar a sistemas privados de aseguramiento que no son mutuas?

¿Se pondrán de acuerdo, alguna vez, la Seguridad Social, la Hacienda Pública y los tribunales de justicia sobre quién es un trabajador, por cuenta ajena, y quién es un profesional o empresario que ejerce actividades económicas y debe cotizar en el régimen de autónomos de la Seguridad Social?, ¿Coordinarán los conceptos de ajenidad y dependencia? La vida inteligente que reclamaba al principio debe estar intentando resolver el problema de la trinidad impositiva o a lo mejor es que ha sido depuesta.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *