no es liberalismo

 

Me gusta apoyar los argumentos con ejemplos que demuestren la validez de aquellos, eso me lleva a ser prudente y no intentar generalizar con los asertos pues no conozco toda la realidad que nos circunda, solo conozco una parte de la que nos rodea. Vayan desde aquí mis disculpas anticipadas por si mis explicaciones no se corresponden con la realidad que ustedes perciben, acháquenlo a desconocimiento por mi parte. Aunque, a modo de disculpa, creo que el comportamiento de la Administración General del Estado o el de algún ayuntamiento concreto o el de ciertas empresas públicas, son bastante representativos del conjunto.

Viene a cuento este preámbulo por el análisis que me proponga hacerles llegar. Y sobre el que pretendo que quede clara una cuestión que es posible que, a algunos, chirríe e incluso a ciertos oídos les pueda molestar,

pero esto no va de liberalismo, es racionalidad

Interesado en el análisis de la realidad, especialmente en lo que solemos denominar vertiente económica de las cosas, uno anda haciéndose preguntas de manera constante sobre cómo influirán los resultados electorales del año de mayor actividad política de nuestra reciente historia, sobre qué fenómenos revolucionarios se pondrán en marcha que permitan sacar a este país del letargo en el que está sumido y sobre qué medidas concretas se aplicarán para dar paso a ese nuevo escenario político, social y económico desde el que abordar los cambios estructurales que necesitamos.

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Por aquello del letargo y el ensimismamiento en el pasado digamos que, simplificando, podemos afirmar que las cifras macroeconómicas y sobre la estructura social son hoy iguales o peores que hace 4 años, salvo que el horizonte parece más despejado, pero por razones que nada tienen que ver con la acción de gobierno. Similar cifra de paro, mayor nivel de deuda pública, menor déficit presupuestario anual pero incumpliendo los deberes con Bruselas, consolidación de la mejora de la balanza comercial y de servicios, mayor nivel de desigualdad económica, retroceso salarial por menores retribuciones nominales con menores jornadas teóricas que se prolongan en la realidad, desmantelamiento de la legislación laboral sin que se haya mejorado el mercado de trabajo, ausencia de políticas activas de empleo, estabilización de la inanidad educativa, privada y pública, reducción del fondo de reserva de la seguridad social por ineficiente gestión del sistema de pensiones, aumento del número de familias en riesgo de exclusión social, abandono del sistema de atención a la dependencia, abandono de infraestructuras por falta de mantenimiento y vuelta a la inversión de escaparate no eficiente o la disminución del número de habitantes, especialmente de la población en edad laboral.

El horizonte parece más despejado porque el precio del petróleo se ha hundido en los últimos 18 meses y el euro se ha depreciado, lo que favorece las exportaciones y el turismo, y los tipos de interés se han desplomado, estas dos últimas cuestiones han ocurrido porque el Banco Central Europeo (BCE) ha conseguido imponer una política monetaria más acorde con los tiempos ¿Qué hubiera pasado si esa política se hubiera aplicado desde 2010 y no desde julio de 2012?

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Y ahora estudiemos lo que está ocurriendo en medio de este marco real. Uno esperaba que las administraciones públicas hubieran puesto en marcha planes reales de racionalidad empresarial pública. Uno esperaba que las administraciones públicas hubieran puesto en marcha planes de ahorro en el consumo energético. Uno esperaba que las administraciones públicas hubieran puesto en marcha planes de reorganización del mundo funcionarial. Uno esperaba que desde las administraciones públicas se hubiera fomentado la competencia empresarial. Uno esperaba que las administraciones públicas hubieran instado a las empresas a un comportamiento ético y acorde con la legalidad en el terreno laboral. Uno hubiera esperado que las administraciones públicas pondrían en marcha planes de control fiscal que, sin aumentar la presión, aflorara actividad y mejorase la recaudación. Uno hubiera esperado que el sector público racionalizase su estructura fundacional. Pero está visto que esto no es posible. Al hablar con responsables políticos, que lo son ahora o lo fueron antes, sobre estas cuestiones te das cuenta que lo que tenemos instalado en este país es un corporativismo de lo público irracional y que el “siempre se hizo así” sigue instalado en el ADN del sector público español.

Y además téngase en cuenta que en la actividad económica influye de manera decisiva un factor, lo legal, para que esta aumente. Con dos vertientes, la seguridad jurídica y la responsabilidad judicial. La primera, la seguridad, va de las normas y lo que pide el mundo económico es un marco estable, lo que no significa ni rígido ni inmutable. La segunda, la responsabilidad, va de la aplicación de las normas y lo que demanda el mundo económico es una judicatura rápida, racional y previsible en sus decisiones.

Por todo esto es por lo que surgen ciertas preguntas ¿Tanto trabajo cuesta darse cuenta que algunos estamos hablando de racionalidad y no de liberalismo salvaje?, ¿Tanto cuesta apreciar que es necesario ajustar los costes porque los ingresos públicos no son crecientes de manera constante?, ¿Tanto cuesta entender que en las sociedades democráticas avanzadas ciertos servicios pueden ser prestados por el sector privado sin menoscabo en su acceso universal y en su eficiencia?, ¿Tanto cuesta reconocer que un buen funcionamiento de la justicia y del marco legal es vital para que la economía funcione?

Veamos ¿Por qué tenemos que seguir soportando en el sector público estatal una empresa denominada HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, SA que pierde dinero año tras año y encima no cumple la ley y, a esta fecha, no tiene publicadas las cuentas anuales de 2014? ¿Será porque la preside una sobrinísima?

¿Por qué una empresa pública como PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SA sigue perdiendo dinero con los buenos años turísticos que estamos teniendo? ¿Será porque la preside la ex de un ex?

Palacio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid

Palacio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid

¿Por qué la nueva corporación del Ayuntamiento de Madrid, ni la de los del resto de ayuntamientos de España, no ha anunciado un plan de reorganización de su estructura para mejorar su funcionamiento? ¿Será que está ocupado en promover la limpieza de calles con universitarios y la de colegios con madres de alumnos? Por cierto, ¿Solo las madres?

¿Por qué el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no ha promovido un plan de ahorro y eficiencia energética?, ¿Será que está ocupado en enredar con el recibo de la luz y los cambios de tarifa o en desmantelar el sector de renovables que tantos puesto de trabajo nos ha costado?

¿Por qué el Gobierno ha consentido la concentración en el sector de las telecomunicaciones que nos traerá una paulatina subida de precios en el más inmediato futuro? ¿Será que la asesoría jurídica del gigante está en manos amigas?

¿Por qué mantenemos fundaciones, dependientes del sector público, como figura jurídica para gestionar museos o teatros públicos? ¿Será para dificultar el seguimiento y la transparencia?

¿Por qué no se han ampliado las plantillas de funcionarios adscritos a los servicios de inspección de la administración tributaria o los de la inspección laboral? ¿Hay temor a descubrir fraudes y aflorar los engaños masivos, procedentes de muchos frentes?

Se puede generar actividad haciendo cumplir la ley, por eso sorprende que los ayuntamientos no hayan puesto en marcha, nada más tomar posesión las nuevas corporaciones, unos planes de control sobre la realización de las inspecciones técnicas de la edificación. Sorprende que los gestores de la administración del estado vean pasar el gasto ineficiente como si de un torrente natural se tratase. Sorprende que los medios de comunicación miren para otro lado ante comportamientos faltos de ética en el mundo empresarial, ya sea privado o público.

El Gobierno pretende aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2016, de manera definitiva, el próximo 18 de octubre, para así poder convocar elecciones generales el 20 de diciembre y que el próximo gobierno vea hipotecada su autonomía. Si, al menos, dichos presupuestos aportasen alguna novedad, valgan las prisas. Pero no, al contrario, la información facilitada, en cuanto al sector público empresarial, por ejemplo, es menor a la del ejercicio anterior. Si los gobiernos de ayuntamientos y comunidades autónomas estuvieran, quizá, esperando para adoptar medidas el paso de las generales para no afectar a su imagen. Pues ni eso, porque los planes les hubieran puesto en primera línea, lo que significa que no los tienen.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

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