¿Alguna vez se han parado a pensar en la relación entre el cumplimiento de las normas y el crecimiento económico? Pues existe y creo que es importante. Tan es así que, generalmente, se atribuye a un elevado grado de vinculación entre ambas cuestiones el mayor desarrollo de ciertos países. Pero no hagan la prueba de comparar índices de criminalidad con niveles de PIB (Producto Interior Bruto) porque ese cálculo no les va a resultar concluyente.
Aunque no es la razón principal que explica el crecimiento de los países, sí se encuentra entre ellas el cumplimiento de las normas, según explican Daron Acemoglu y James A. Robinson en su famoso libro ‘Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza’, del que debo advertirles que es algo tedioso y extenso, pero aleccionador sobre ciertas cuestiones.
Pero yo quiero ir un poco más allá del mero cumplimiento de ciertas normas, quiero referirme al esfuerzo por lograr el cumplimiento de las normas en general, no solo de una parte de ellas, por parte de los ciudadanos y a la posición proactiva que deben adoptar las instituciones públicas en perseguir que ello sea así. Porque en una situación de estancamiento económico y de alto desempleo debemos buscar formas que combatan la situación y cambien uno de los paradigmas, dichosa palabra, del comportamiento de nuestra sociedad.
Edificio ruinoso de Madrid
Nuestra sociedad, la española, es conocida por la laxitud en la aplicación de ciertas normas, de esas que podríamos llamar de orden menor. Por ejemplo, no hago ningún especial descubrimiento si afirmo que en algunos bares de Madrid se permite fumar en el interior de los mismos. Ver a personas hablando por el teléfono móvil, con él pegado a la oreja, mientras conducen, es aún frecuente. Y así podría seguir un buen rato citando ejemplos. Ya digo, somos muy condescendientes con el incumplimiento de esas normas menores, algo que nos lleva a descuidar los efectos que tendríamos por lograr su cumplimiento.
Para analizar lo que digo tomemos como ejemplo algo tan simple como la inspección técnica de edificios (ITE). Esta actividad de revisión es obligatoria para los edificios de más de 50 años, salvo que la comunidad autónoma correspondiente disponga otra antigüedad, y solo es obligatoria en poblaciones de más de 25.000 habitantes. Y con esta norma uno se pregunta ¿las edificaciones de más de 50 años en poblaciones de menos de 25.000 habitantes no corren riesgos o no deben ser objeto de revisión?
Sigamos con nuestras ITE. Según el Censo de Población y Viviendas de 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), las viviendas con una antigüedad superior a 46 años, aquellas edificadas antes de 1970, eran, en toda España, 8.600.000, aproximadamente. Ello debería suponer una frenética actividad rehabilitadora, visible desde lejos en prácticamente todo el país, pues dichas edificaciones deben contar con un gran número de deficiencias y carecer de ciertos requisitos. Actividad especialmente notoria en País Vasco, Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra, que son las 5 comunidades autónomas con el patrimonio de viviendas más envejecido del país. Ya ven que descubrimiento, cumplir una norma tan sencilla permitiría combatir el desempleo y asegurar crecimiento económico. Pero esa actividad no se observa.
No quiero ser morboso, pero en estos días el asunto de la inspección de la edificación está de actualidad en Tenerife, como lo estuvo hace menos de 1 año en Madrid o como estuvo de actualidad en Barcelona hace 11 años por el inexistente seguimiento de las obras de la línea 5 del metro y sus consecuencias en los edificios bajo los que circulaba.
Bosque y carretera sin cuidar en la Sierra de Ayllón
Deben saber que, a igual número de unidades consideradas, la rehabilitación genera más empleo que la edificación de nuevas viviendas y facilita el entramado empresarial de empresas de medio tamaño y permite, de paso, sostener cierto tipo de oficios, llamados artesanales, a veces de manera despectiva, pero de alto valor añadido para la economía del país. Sin olvidar la recuperación de ciertas zonas urbanas, de las grandes y medias ciudades, que se encuentran francamente deprimidas y que llevan a la pérdida del comercio que se localiza en ellas. Un experto, muy cualificado, en esto de crear empleo bajo el concepto de lo artesanal y la rehabilitación es el arquitecto José María Pérez, más conocido como Peridis por su faceta de humorista gráfico, sobre el que les dejo un enlace a la web lanzaderas de empleo.
Tomemos otro ejemplo. ¿Han visitado algún polígono industrial en España? Hay muchos, yo diría que muchísimos. Hasta hubo alguno que se construyó como se hacían las viviendas en los años de la furia, como rosquillas sin control. A veces esa forma de construir me recuerdan a las escenas del aprendiz de brujo de la película Fantasía, en la que se termina perdiendo el control de todo, hasta de los polígonos.
Pero volvamos a los polígonos industriales, ¿Han visto el calamitoso estado en el que se encuentran la mayoría de ellos, a pesar de ser de reciente construcción? Casi todas las semanas visito un polígono industrial, ubicado en las cercanías del aeropuerto de Madrid, de muy reciente creación (está al 40% de ocupación) y que ya muestra los graves fallos de diseño y las consecuencias de un mantenimiento deficiente, muy deficiente. Estas prácticas de mantenimientos deficientes o incluso inexistentes son generalizadas. Nunca he alcanzado a comprender el porqué de esta práctica que podríamos llamar, con mucha suavidad, cutrez. Tal es el grado de abandono de nuestros miles de polígonos industriales que, la inmensa mayoría, carecen de buenas comunicaciones mediante transportes masivos, autobuses, metro, cercanías. No son polígonos industriales, son grandes aparcamientos en superficie de vehículos que, generalmente para 1 usuario, ocupan una plaza durante varias horas, sin hacer nada más.
Y permítanme un último ejemplo, que no es el último disponible, sobre el cumplimiento de esas normas de menor nivel y trascendencia, pero que nos ayudarían a mejorar el nivel de empleo y redundaría en un mayor crecimiento económico. En este caso, además, nos ayudaría a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.
Los bosques, de los que desgraciadamente nos quedan pocos, deben ser cuidados y mantenidos por sus propietarios, ya sean estos particulares u organismos públicos. Ese mantenimiento y cuidado de los bosques tiene un alto valor para la economía, pues reducen los riesgos de desforestación, provocada por los incendios, sirven para fijar el terreno, son necesarios para limpiar y filtrar el agua, actúan como freno para reducir los efectos de las lluvias torrenciales y, vital a estas alturas de la degradación climática, para fijar el CO2 que emitimos a la atmósfera. Los expertos calculan que en España los bosques fijan del orden del 35% del CO2 que se emite en el país. Y no podemos olvidar la generación de biomasa, cuyo aprovechamiento contribuye a disponer de combustibles alternativos a los fósiles. Toda esa actividad vendría derivada de una exigencia rigurosa de cumplir las normas que obligan a mantener los bosques limpios y cuidados.
Estoy seguro que han entendido que el cumplimiento de las normas ayuda al crecimiento económico, pues aumenta la actividad y el empleo y reduce el despilfarro, entre otros, el energético. Imaginen el mundo que se abre al aplicar este criterio a tantas actividades cotidianas en las que el cumplimiento de las normas no es todo lo exigente que debería ser.