ayuntamientos y…

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… transparencia

No es fácil conocer toda la información que se genera sobre las entidades locales, especialmente sobre los 8.115 ayuntamientos que hay en este país, ni es fácil acceder a información económica sobre los mismos, sus presupuestos, su liquidación, su déficit, etc. Hace algún tiempo le dediqué varias entradas en el blog a la estructura económica de los ayuntamientos españoles y de las comunidades autónomas, aquí, aquí y aquí, analizando los niveles de déficit por habitante y detectando los casos más preocupantes, porque la marcha económica de los entes locales es importante, muy importante, para la marcha del país en su conjunto. Por fortuna hay entidades que ayudan a localizar información de interés, además de ser oficial, y en este caso me refiero a la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, que ha hecho llegar, a las personas adheridas a su plataforma de información, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de los entes locales correspondientes al ejercicio 2012. El informe lo pueden consultar aquí.

Lo primero a destacar es que el Tribunal de Cuentas no ha dispuesto de la información correspondiente a los entes locales y sus dependientes de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, lo cual no ha sido motivo de reproche alguno por la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Es probable que nadie le dé importancia al hecho de que una parte significativa del territorio no informe sobre la situación de los entes locales. No es que España no funcione, como dicen algunos, es que hay muchos que no quieren que funcione, especialmente aquellos que ponen en duda su pertenencia a ella; seguramente para justificar que no quieren estar en un sitio que no funciona.

Pero sigamos avanzando en los aspectos que rodean al informe. El informe fue firmado por el Tribunal de Cuentas el 24 de julio de 2014, 18 meses después de concluido el ejercicio al que va referido. Pero no culpen del retraso al Tribunal, hubo entes locales que siguieron mandando documentación del ejercicio 2012 hasta el 1 de junio de 2014. ¡Qué nos cuesta ser transparentes!, así ocurre que la información que contiene el informe alcanza al 84% de los ayuntamientos o al 59% de las mancomunidades o al 35% de los consorcios. Para obtener estos datos no se tiene en cuenta los entes situados en Navarra y País Vasco, que ya les he comentado que no han informado. El plazo para remitir la información había concluido el 15 de octubre de 2013. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI se tarde más de 10 meses en cerrar la información económica de una entidad?

Continuamos. Cuatro meses después de firmado, el 25 de noviembre de 2014, se reúne la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y hace suyo el informe del Tribunal y aprueba una resolución en la que se pide al gobierno que, quizá, sería conveniente que la información de los entes locales incluya la de empresas donde la participación pública es mayoritaria, no total, y la de las fundaciones. En 2015 no conocemos lo que hacen las fundaciones vinculadas a las entidades locales. No podemos quejarnos de que se produzcan hechos lamentables todos los días en el mundo local, no disponemos de información sobre la gestión de los ayuntamientos y de sus entidades dependientes. Todo ello sin olvidar que hay sociedades mercantiles dependientes de ayuntamientos que no han remitido sus cuentas anuales (pueden verlas en el anexo V del informe) y que hemos de suponer ni siquiera las han depositado en el correspondiente registro mercantil, si ello fuera así ¿a qué está esperando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en proponer las oportunas sanciones a estas sociedades al Ministro de Economía, quien cuenta con la capacidad legal para sancionar?

Sede principal del Tribunal de Cuentas

Sede principal del Tribunal de Cuentas

Y llegamos a lo más sorprendente del proceso de publicidad de la situación de las cuentas de nuestros ayuntamientos. La resolución de la Comisión Mixta, aprobada el 25 de noviembre de 2014, se publica, junto con el informe, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de marzo de 2015, casi 4 meses después de aprobarse, ¿tan difícil es publicar en el BOE electrónico que no consume papel?

La resolución a la que vengo haciendo referencia pone de relieve que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que están en el ojo de muchos analistas, incluidos los míos, representan un nivel de gasto, 12%, idéntico al de la población que habita en ellos. Esto viene a poner de manifiesto que la última reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, que ya ha entrado en vigor, aunque nadie la aplica de verdad, esperando a que se celebren las próximas elecciones municipales, no va bien orientada. El problema no es de nivel de gasto, es de nivel de eficacia.

No he podido aún valorar en su totalidad el informe, que ocupa más de 200 páginas, pero hay algunas cuestiones que destacan, en una lectura rápida del mismo, y que quiero compartir con los lectores y destacar públicamente, pues son esas cuestiones las que ponen de manifiesto lo que ocurre, de verdad, y no lo que se nos pretende hacer ver, incluso aunque para ello haya que deformar la realidad.

El gasto de los entes locales estudiados, ya saben que no están incluidos los de Navarra y los del País Vasco, se ha reducido en 2012 un 7% con relación al gasto de 2011, año en el que ya se produjo una reducción del 5% con relación al anterior. Pues bien, la principal partida del gasto de las entidades locales fue la adquisición de bienes y servicios corrientes, con el 32%, seguido del gasto de personal, con el 29%.

En el lado de los ingresos se pone de manifiesto la insuficiencia financiera de los entes locales pues el principal capítulo de ingresos corresponde a las transferencias recibidas, del Estado y de las comunidades autónomas, que suponen el 33% del total de sus ingresos, seguida de los impuestos directos con el 32%.

Por último destacar que a la fecha del informe no habían remitido alguna o algunas de las cuentas de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 los ayuntamientos de las siguientes ciudades de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia: Marbella, Sanlúcar de Barrameda, Benalmádena, El Ejido, Huelva, Cádiz, Jerez de la Frontera, Vélez-Málaga, Estepona, Málaga, El Puerto de Santa María, Orihuela, Aranjuez y Rivas-Vaciamadrid. Saben que no me gusta hacer incursiones sobre partidos políticos, pero en este caso me dejé llevar por la curiosidad y consulté de qué color político eran los equipos de gobierno. De los 14 municipios citados, 11 están gobernados por el PP, 1 por el PSOE, 1 por IU y 1 por una coalición de gobierno. Me dice la ciencia estadística, aunque sea la descriptiva, que no es casualidad esa mayoría del 79%.

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