deuda pública aparte

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Cómo pasa el tiempo, hace más o menos un año estaba hablando desde este blog de la deuda pública de las distintas administraciones y hacía algunas consideraciones sobre ella. Un dato que quedó reflejado es que la deuda de las administraciones públicas, medida en los términos de cálculo que establece el protocolo de déficit excesivo (ver nota explicativa del Banco de España) o PDE, alcanzaba el 30 de junio de 2014 los 1.012.643.000.000,0 euros, más de 1 billón de euros. Pues bien, a 30 de junio de 2015 la cifra ha aumentado y ya es de 1.052.836.813.000,0 euros. 40.000,0 millones de euros más y eso a pesar del impresionante descenso de los tipos de interés a los que se está financiando el estado y de la, supuesta, buena marcha de las finanzas públicas.

Vuelvo a recordar que el endeudamiento reflejado no es el endeudamiento total. Los pasivos en circulación de las administraciones públicas a 31 de marzo de 2015, última fecha de la que el Banco de España ofrece datos, eran 1,47 billones de euros, de los que, para llegar a la cifra según el PDE, se restan las deudas entre las propias administraciones públicas (176.000 millones de euros, aproximadamente) y los ajustes de valoración, otros pendientes y otros conceptos (248.000 millones de euros, aproximadamente) Y de ahí sale la cifra de 1,053 billones de euros resultante.

Pero con las pretensiones secesionistas que nos envuelven, en estos días de fin de verano e inicio de un otoño que parece diferente, la cifra de 176.000 millones de euros que se anulan por consolidación del sector público, así porque sí, pueden ponerse en tela de juicio. Es más la cifra de deuda pública habría que empezar a asignarla a las comunidades autónomas en función del peso del PIB (Producto Interior Bruto) de cada una de ellas con relación al total del de la economía española. ¿Qué significa esto? Pues que la deuda de, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Catalunya sería de unos 241.000 millones de euros, que proceden de los que como tal comunidad autónoma debe en la actualidad, cualquiera que sea el acreedor, y que ascienden a 67.000 millones de euros, aproximadamente, y de los 174.000 millones de euros que debería asumir de la deuda de la administración central por ser el 18,9% del PIB de España, porque Catalunya es el 18,9% del PIB español según los últimos datos de que disponemos, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que, en términos monetarios, es algo menos de 200.000 millones euros.

¿Por qué he puesto este ejemplo y no otro? Yo creo que no hay que ser muy avispado para entender las razones de ello. Y, de todas formas, si no creen que está justificado el ejemplo, lean este artículo del diario El País para darse cuenta de que la distinción entre España y Catalunya, como entidades diferentes, ya está en boca de algunos, incluso para hacer distingos en temas de corrupción, que hay que prepararse el futuro.

Volvamos, sin incluir la deuda de las entidades locales, municipios, diputaciones, mancomunidades y otros, la cifra de deuda de Catalunya de casi 250.000 millones de euros me parece que debe ser conocida por todos y tenida en cuenta a la hora de hacer cálculos de futuro. Pero no termina aquí la cuestión. La deuda hay que financiarla, es decir, hay que buscar a entidades que aporten los fondos y ello tiene un coste. En estos momentos, según diversas fuentes, el diferencial de la prima de riesgo que se aplica a la deuda pública de Catalunya con relación a la española es de 250 puntos básicos, aproximadamente, lo que supone que tendría que pagar un tipo de interés de el 4,5%, si es que no sube más. A estos tipos el coste de mantener ese nivel de deuda es de unos 12.000 millones de euros al año. Hoy en día, los 37.000 millones de euros que le tiene prestados el Ministerio de Hacienda son a coste cero.

Palau de la Generalitat de Catalunya

Palau de la Generalitat de Catalunya

Pero observen que, mientras España mantiene una ratio de deuda/PIB del 98% aproximadamente, la de Catalunya se iría hasta el 125%, dato preocupante donde los haya. Porque una cosa de la que algunos pretenden huir es del reconocimiento de obligaciones que el proceso secesionista conlleva. Eso que en las empresas se denominan pasivos ocultos o pasivos contingentes. El principal pasivo contingente es el de las pensiones de jubilación. Porque los secesionistas ya han reclamado para sí las cotizaciones sociales, pero, ¡qué despiste!, se han olvidado que deberán asumir las obligaciones por pensiones generadas, incluso en la parte proporcional, por los jubilados actuales y futuros que hayan trabajado en empresas de su territorio independiente y ello aunque esos jubilados decidan ir a vivir a ese extraño país llamado España. De la misma forma que los ciudadanos alemanes o británicos u holandeses que deciden venir a vivir a España siguen cobrando de las instituciones encargadas de atender las pensiones en sus países de origen.

Es difícil hacer cálculos al respecto de las obligaciones sociales en materia de pensiones, pues no es fácil acceder a las cifras de las historias laborales y bases de cotización, pero no crean que la Seguridad Social tardaría mucho en hacer el cálculo de esas pensiones. Pero en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social encontramos el dato de pensiones por comunidades autónomas, entendemos que referidas a las pensiones que se gestionan no a las que se originan. Pero para hacer un cálculo aproximado nos es suficiente. El importe anual de las pensiones contributivas del total sistema que se gestionan desde Catalunya es de, al menos, 22.000 millones de euros. Pero no se confundan, aquí no están las pensiones de las denominadas clases pasivas, aquellas pensiones generadas por funcionarios. El pequeño terremoto de cifras al que habrá que hacer frente será aún mayor.

Y aún no hemos terminado con los pasivos contingentes u ocultos. Tendríamos que añadir esos costes, básicamente de personal, pero no solo ellos, que representan atender funciones tan sencillas como la administración de justicia, el servicio exterior, la defensa, el sistema de seguridad interior pleno o las infraestructuras. Y todo ello sin, ¡otro despiste!, el respaldo de la Unión Europea (UE) porque la UE ya ha dicho que, en este momento, no admite más estados y, mucho menos, uno que proceda de la escisión de otro. Como bien explicaba hace poco un catalán, “nadie va a echar a nadie de ningún sitio, simplemente las políticas de la UE no se aplicarán en ese territorio” A este catalán no le quieren escuchar y yo creo que se equivocan, de este tema sabe un poquito más que la media del país, Catalunya incluida, por aquello de que fue Presidente del Parlamento Europeo. Sí, han acertado, se apellida Borrell.

Deuda pública aparte, la propuesta de escisión es una mala propuesta económica, no voy a entrar en el análisis político, no creo que sea necesario. Los proponentes, que desde hace unos meses han alcanzado el grado de impositores, se olvidan de que, acostumbrados como estaban a disparar con pólvora ajena, la nueva administración pública que deberán crear tendrá un coste inasumible para el nuevo estado de población menguante y escasa dimensión territorial. Los costes laborales de esa estructura serán del orden de un 25% superior a los de la estructura del actual estado, dados los altos niveles de salarios que se pagan por aquellas tierras, como bien saben, por ejemplo, los policías de nuestro país.

Por si todo esto fuera poco habrá que contar con la opinión de los que no se quiere que opinen. Porque los ciudadanos españoles que residen en el resto de España quieren opinar sobre algo que les compete, entre otras razones porque tienen familiares allí e intereses de todo orden. Y, es posible, que el nuevo estado independiente, independiente de todo organismo internacional, empiece a adquirir sus productos en otros mercados distintos al español, lo que supondría un duro golpe para ciertas áreas de España, pero ¿dónde venderán ellos sus productos? Porque esos españoles que no se quiere que opinen pueden decidir aprovisionarse en otros lugares. Y en esa situación ¿cuánto tardarán en reponer su base de clientes las empresas del nuevo estado? Y mientras la reponen ¿quién pagará la deuda, los intereses, las pensiones y la nueva estructura del nuevo estado?

Las fusiones implican poner en marcha un proceso en el que a+b son algo más que ab; las escisiones se llevan a cabo porque la suma del valor de las partes resultantes es mayor que el valor del conjunto. Llevo mucho tiempo dedicado a analizar esto en el mundo empresarial y he visto muy de cerca operaciones de las dos clases y les aseguro que en este proceso que, primero proponían y ahora quieren imponer, yo no invertiría ni una sola peseta, ni tan siquiera de las acuñadas en Barcelona en 1837.

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