éramos pocos …

 

Pues eso, ya saben cómo concluye el dicho popular. Y es que a veces confluyen en el tiempo las diferentes miradas o intereses sobre un tema y como si de una catapulta se tratara colocan la cuestión en el primer plano de la actualidad. Y en nuestro país hay algo que obsesiona a muchos de manera permanente, tanto que algunos no pueden vivir sin mencionarlo todos los días, aunque no sea de su competencia. Hablo de la vivienda.

Parece que ya ha caído en el olvido la Gran Recesión sufrida a nivel mundial por causa del ladrillo, que comenzó en 2007 y, vistos los datos que nos llegan, no podemos dar aún por superada, dicho con todos mis respetos. Pues para darla por superada habría que recuperar ciertos niveles previos a la crisis. Y eso no ha ocurrido ni en los países con más equilibrio económico en aquellas fechas. En algunos sectores o subsectores económicos sí están, aparentemente, mejor que en 2007, pero no son conscientes de que ello ocurre porque las cifras están afectadas de un intenso maquillaje y de una ilusión financiera que vive del pasado, pero que no podrá seguir por mucho tiempo y el despertar será más doloroso aún.

Los ministros Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna durante la presentación del Plan de Vivienda 2018-2021. © Pool Moncloa/J.M. Cuadrado

Los ministros Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna durante la presentación del Plan de Vivienda 2018-2021. © Pool Moncloa/J.M. Cuadrado

Pero volvamos al tema estrella de las últimas semanas. La vivienda. Cuando no es el gobernador del Banco de España el que mezcla pensiones con vivienda, es el Gobierno el que, por una parte, quita las ayudas de 200 euros a los mayores en dificultades económicas por tener vivienda propia, y por otra, aprueba un supuesto Plan de Viviendas 2018-2021, que me recuerda a los antiguos planes quinquenales del sistema de planificación soviético. Y eso que los Presupuestos Generales del Estado, en un alarde de cuadratura del círculo político, están sin aprobar. Cuentan los conocedores de estos asuntos que, en los países democráticos, no presidencialistas, en que no se aprueban los presupuestos, los gobiernos se ven obligados a convocar elecciones.

Los planes plurianuales se suelen poner en marcha para llevar adelante actuaciones de las llamadas de choque, de esas que sirven para afrontar problemas que han desbordado los cauces habituales de resolución de los mismos. Pero no son el medio más eficaz para acometer lo que forma parte de la política económica o social de un país. Y en nuestro país carecemos de una política de vivienda, porque si hubiera una política de vivienda no harían falta estos planes cuatrienales que se vienen aprobando regularmente y cuya ejecución es muy escasa. Baste recordar que el último plan ejecutado, el de 2013-2016, se anunció con una dotación de 2.300 millones de los que solo se ejecutaron 900 millones.

Nuestra Constitución (CE) nos habla, en el artículo 47, de que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Y por lo que se dispone en el artículo 148.1 de la CE la vivienda podrá ser competencia de las comunidades autónomas, habiendo ejercido ese derecho todas ellas. Por lo que sorprenden estos planes que, necesariamente, tiene que acordar el Gobierno con cada una de las comunidades autónomas y son estas últimas, en unión de los ayuntamientos, las que deberán poner en marcha los sistemas de ejecución. Vamos que nos comemos casi el año 2018 para que se pueda empezar a aplicar. Sin olvidar lo de las competencias, porque es fácil recordar el revuelo que se montó en 2004 al incorporar al Gobierno un ministerio de vivienda.

Por cierto, ya que ha salido el texto constitucional sobre la vivienda ¿qué hicieron y qué hacen los poderes públicos para evitar la especulación con el suelo? Para contestar a esa pregunta es posible que antes nos deberíamos poner de acuerdo en qué entendemos por especulación y si debe ser motivo de negocio el suelo edificable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Tengo para mí que no es casual esta confluencia de comentarios e iniciativas sobre la vivienda. Estoy convencido de que todos ellos son interesados. Por muy diversos motivos. Alguno de los cuales está relacionado con esa máxima que obsesiona a los que dicen que la construcción, especialmente la vivienda, es motor principal de nuestro crecimiento económico. Ya ven en el cuadro anterior que las compraventas de viviendas sirven, básicamente, para reducir el stock de las que están sin vender.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en una reunión de la Asociación Española de Directivos

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en una reunión de la Asociación Española de Directivos

El gobernador del Banco de España, haciendo gala de la proverbial habilidad de los últimos ocupantes del puesto para hablar de lo que no les corresponde, dice que los pensionistas deberían computar como una renta más el tener vivienda en propiedad, como si esos pensionistas hubieran recibido esas viviendas de manera gratuita y como si no contribuyeran por ellas al sostenimiento de las arcas municipales con el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En su intervención parece que viene a decir ‘no se quejen los pensionistas que además de la pensión tienen vivienda propia’, como si el estado se la hubiera proporcionado de manera gratuita. No arreglaremos el problema de las pensiones con semejantes manifestaciones. Quizá debería dedicarse a ayudar a las entidades financieras a poner en el mercado el inmenso parque inmobiliario que atesora y que no tiene rentabilidad alguna.

El gobierno retira las ayudas a las personas mayores con dificultades económicas con vivienda propia como si estuviera pretendiendo que este parque inmobiliario saliera al mercado, a bajo precio por la necesidad de venderlo, para goce de los operadores inmobiliarios. Que la vivienda propia puede ser una fuente de financiación para resolver las dificultades económicas de los mayores que las padecen, es cierto. Pero el camino no es dejarles en la indigencia, habría que diseñar unos mecanismos de ayuda que, sin engaños, conviertan en disponibilidad monetaria esos bienes. No olvidemos que la vivienda es un activo que, en primer lugar, sirve para cubrir una necesidad, no es un activo financiero con valor de cambio. Las personas necesitan viviendas, no para especular, las necesitan para vivir. De ahí que ¿dónde vivirán esos ancianos si pierden o enajenan su vivienda?

Para remate de lo inadecuado, el Plan de Viviendas 2018-2021. Y digo inadecuado porque algunos de sus objetivos son incomprensibles. Veamos. Pretende fijar población mediante las ayudas para la adquisición o rehabilitación de viviendas a personas menores de 35 años en núcleos urbanos de menos de 5.000 habitantes. Yo creía que los ciudadanos fijaban su residencia allí donde encuentran trabajo, nadie fija la residencia en un lugar para vivir si su trabajo no está en el entorno, salvo excepciones que no vienen al caso. Para fijar población es necesario dotar de actividad a esos núcleos, no de residencias. Otro de los programas es el de las ayudas a la promoción de viviendas para el alquiler durante 25 años con subvenciones que llegan al 50% de un valor de la inversión que resulta irrisorio, dados los valores de las viviendas que se manejan en el mercado.

Lamentablemente seguimos sin política de vivienda. Los precios no dejarán de subir mientras no se utilicen los espacios disponibles para la edificación y no se haga posible una competencia real entre los promotores. Los retrasos en las concesiones de las correspondientes licencias o los amplios plazos concedidos para la edificación solo sirven para facilitar la especulación. La falta de una política de vivienda que sirviera para encarecer la no utilización de las mismas y la ausencia de promociones de titularidad pública ejecutadas por el sector privado, dificultan la contención de los precios de los arrendamientos, en perjuicio de los jóvenes.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

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