es desorden, no es mercado

 

Todos los días escuchamos alguna acusación de incompatibilidad, especialmente porque no se puede ser juez y parte a un tiempo. De la misma forma que en otros países, en el nuestro es un asunto “desconocido”, existen acusaciones frecuentes de abuso de mercado. Las primeras ponen de manifiesto situaciones en las que alguien juega en los dos lados de la mesa y las segundas ponen de manifiesto situaciones en las que, por unos u otros medios, alguien intenta controlar un mercado. Las primeras evitan decisiones impropias y las segundas defienden la transparencia. En el fondo ambas denuncias marchan muy de la mano, porque ambas persiguen limpieza en el juego. Y en aquellos países donde se toman, o se tomaban, en serio lo de la limpieza las sanciones eran ejemplares y beneficiaban a todos. De las corrupciones que llevan a la manipulación del precio de los bienes y del acceso a los mismos, no están libres ni la economía de mercado ni los sistemas de economía centralizada y planificada.

Alguna vez he comentado que el delito de iniciados o uso de información privilegiada, del que en este país casi no conocemos casos, es muy perseguido en otros con la intención de asegurar la transparencia en los mercados. En España deben de haber tenido vida judicial una decena de casos y el último, salvo error, data de 2006, aunque la sentencia se ratificó por el Tribunal Supremo (TS) en 2015, una bagatela de 9 años de retraso. Uno de las denuncias más sonadas y que sigue en el limbo es el caso de Pescanova, del que pueden informarse aquí, digo en el limbo porque no se conoce sentencia o auto alguno al respecto.

Los delitos económicos tienen poco recorrido en España. ¡Lo que costó terminar el asunto Sofico!, el TS dictó sentencia 17 años después de descubierta la estafa, con la condena de dos personas nada más, y el plan de pagos de la quiebra decretada en su día se terminó casi 40 años después de iniciado, ¿por qué se retrasó tanto la justicia y fueron tan pocos los condenados? No se extrañen, lean con detalle la noticia a la que pueden acceder aquí y en la que, sin rubor alguno, un magistrado del TS reconoce en público que todos sabían que el convenio de Martinsa Fadesa no se iba a cumplir, magistrado que asesoró a una entidad financiera durante ese proceso concursal; ¿a quién se pretendía salvar con aquél convenio ficticio? Les recuerdo que el concurso de acreedores de Martinsa Fadesa ha sido el mayor en la historia de España con un pasivo de 7.000 millones de euros y no olviden que la banca no era más que un 55% de ese importe, ¿quién defendía y qué les paso al restante grupo de acreedores del 45%?

El uso de información privilegiada, sin restricción alguna, en las operaciones financieras o la participación, en esas operaciones financieras, de asesores que no se sienten limitados por su presencia en ambos lados de la mesa, son asuntos graves que no debería permitirse que siguieran ocurriendo. Cada vez que un mercado se estrecha, porque se reduce el número de oferentes o de demandantes, la transparencia y limpieza en el mismo se reduce y perjudica a los restantes intervinientes. Que, por ejemplo, solo existan, con nivel destacado, tres agencias de calificación (Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch) de las emisiones de deuda, pública o privada, lo que se ha dado en llamar análisis del riesgo, es un asunto preocupante, entre otras razones porque desconocemos cuáles son sus criterios éticos al operar, cuáles son las operaciones que califican y en qué negocios están inmersas.

Estas imperfecciones deben eliminarse y no mirar para otro lado. A veces están presentes entre nosotros y no les damos importancia. Esta semana se ha hecho público un caso y he descubierto otro, descubierto para mí pues seguro que era público para muchos, que exceden lo que debería de permitirse y que, en una economía social de mercado, moderna y avanzada, como dicen que es la nuestra, sorprende que nadie se queje y ponga el grito en el cielo, ¿tan acostumbrados estamos a la manipulación que no hemos aprendido nada de lo ocurrido en el pasado?

Voy primero con mi descubrimiento y aunque es un asunto teóricamente menor, creo que tiene importancia para ser citado. Al conocerlo me acordé de la estupenda película Quiz Show, dirigida por Robert Redford y que, basada en un caso real, pone de manifiesto el engaño en los concursos de la tele. Este asunto supuso un antes y un después en la historia de la televisión estadounidense. Según informa la prensa especializada, que dice saber mucho de esto, la cadena de televisión de Catar, Al Jazeera, a través de su división BeINSports, controla la cadena que posee los derechos de emisión por televisión de un gran número de competiciones deportivas y, al mismo tiempo, controla un club de fútbol que participa en una de esas competiciones.

Este mundo del fútbol profesional de alto nivel, con cifras mareantes que provocan sonrojo, no puede estar sometido a potenciales intervenciones desestabilizadoras. ¿Podría ser que el propietario de los derechos pudiera tener la tentación de “favorecer” las sorpresas en la competición para con ello mejorar las audiencias? Cuando se están jugando tantos miles de millones de euros por los derechos de emisión, que es a lo que están destinando sus rentas los ciudadanos de muchos países, no se puede consentir la más mínima sospecha de alteración de la competición. Y digo lo de cifras mareantes porque uno se entera que por los derechos de emisión de la famosa Premier League inglesa lo que pagarán los países del África subsahariana serán 190 millones de euros al año, casi tanto como en China, o que en España lo que recaudó la Liga de Fútbol Profesional por esos derechos de emisión en la anterior temporada fueron 1.700 millones de euros, ¿no merecen rigor, transparencia y un mercado regulado estas inversiones multimillonarias? Y ello afecta a la Unión Europea (UE) por la dimensión de las competiciones en cuestión.

El segundo caso es, en mi opinión, de mayor trascendencia y fruto de la opacidad seguida hasta la fecha. Opacidad auspiciada y consentida por la UE, a través de sus órganos reguladores y de vigilancia de los mercados, y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) El viernes se hizo de dominio público que el auditor del Banco Popular, PricewaterhouseCoopers (PwC), fue al tiempo el asesor del BBVA para decidir si presentaba una oferta por el Banco Popular, vamos, de este y del otro lado de la mesa. No es posible olvidar que cuando en febrero de 2017 el Banco Popular nombra un nuevo presidente de su consejo de administración lo primero que hace es aumentar las pérdidas del ejercicio 2016 y que el auditor que no las había descubierto, PwC, dice que no hace falta reformular las cuentas anuales, que basta con “reexpresarlas”. Todo un lujo de honestidad profesional, al mismo tiempo que audito a la entidad objeto de disputa y en crisis, asesoro a uno de los potenciales compradores o ¿estaba decidido el comprador y todo era un paripé?

El Banco Popular se gestionó mal por sus responsables y, llegado el momento, se abordó mal por los supervisores y reguladores del mercado, Banco de España y CNMV, incluida la Junta Única de Resolución europea, cuya prepotente presidenta, Helke König, ha visto premiado su hacer con una renovación del mandato. Lo que nunca pude imaginar es que la UE haría las cosas al estilo chapuza, esa manera de hacer que nos identificó como país hace varias décadas. Pero no se equivoquen, esto que ven no es mercado, es desorden. Esta no es la Unión que queremos.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

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