fundaciones y economía

Las fundaciones cumplen una importante función en las sociedades más avanzadas, gestionan importantes patrimonios, canalizan un volumen de donaciones muy significativo y son el principal instrumento que canaliza la filantropía. En España, la legislación básica es la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, que desarrolla el derecho de fundación reconocido en el artículo 34 de la Constitución y regula las fundaciones de competencia estatal. Esta norma vino a sustituir, parcialmente, a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. La sustitución de la otra parte de la Ley 30/1994 se hizo mediante la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Como pueden comprobar, a dos gobiernos, de distinto perfil político, les dio por impulsar una legislación en materia de fundaciones al final de su ciclo en el ejecutivo. El gobierno anterior al actual, quizá debido a la crisis, no quiso entrar en serio en esta materia, salvo por lo que a la regulación del registro único de fundaciones se refiere y del que hablaremos más adelante.

Pero este asunto de las fundaciones es muy complejo. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la institución de que se trate debemos incorporar a las asociaciones, a los clubes deportivos y a las entidades religiosas. Y ya tenemos organizado el enredo, porque a las leyes citadas hay que añadir la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación y en cuyo artículo 1.3 nos descubre, aproximadamente, lo que no abarca y que son los partidos políticos; los sindicatos; las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios y aquellas con legislación especial. Y, necesariamente, debemos enredarlo aún más. Porque a la legislación de ámbito estatal, debemos añadir la de ámbito comunitario, de comunidades autónomas, no de comunidad europea.

Pero sepan que el registro único de fundaciones, de ámbito estatal, establecido desde hace más de 11 años y regulado desde hace 7 años, no está operativo. ¿Por qué?, según respuesta del Ministerio de Justicia a consulta específica, “…no habiendo entrado en funcionamiento dicho Registro por razones derivadas de la actual coyuntura económica…”. Y ello contribuye a la falta de información, porque los distintos registros, no solo el de fundaciones, también los de asociaciones o clubes deportivos u otras entidades no facilitan con comodidad, rapidez y bajo coste la información sobre estas entidades.

Hoy en día, pero ya desde hace años, los registros mercantiles operan con sistemas de información por vía telemática y, cualquier persona, puede obtener información sobre cualquier sociedad, de forma casi inmediata y con menor coste que el equivalente en el registro de asociaciones, por ejemplo. No digamos ya en lo que se refiere a las sociedades que cotizan en los mercados bursátiles, de las que la información se obtiene en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de manera gratuita, con seguimiento trimestral.

Y sin embargo y como ejemplo de la opacidad, ¿conocemos la cuantía de las donaciones “supuestamente voluntarias” que reciben las fundaciones que operan centros escolares reconocidos como escuela concertada?

Pero esto ocurre incluso en el sector público. El actual gobierno, que se comprometió a aplicar una labor de trasparencia sobre las fundaciones dependientes de la administración general del estado, al superar el primer año y a pregunta sobre ello nos contesta, desde la vicepresidencia, que “dicho informe tiene en este momento carácter de documento interno de los órganos colegiados del Gobierno, por lo que no es susceptible de consulta pública.” Aún estoy esperando que sea susceptible.

¿Sabemos qué hacen las fundaciones y las asociaciones y los clubes deportivos y las entidades religiosas?, ¿Podemos acceder con prontitud y bajo coste al estado de sus cuentas? Y alguien me preguntará, ¿por qué trata este tema? Pues porque hace días ha salido en los medios de comunicación el caso de la Fundación Afal Futuro, con todas las connotaciones que el caso representa y del que pueden informarse con todo lujo de detalles en el diario El País. Es un asunto sangrante por lo que representa y por las personas y entidades relacionadas con todo ello.

Pero no es el único caso. También hemos oído hablar de otras fundaciones, algunas se hacen llamar institutos, que están implicadas en supuestos casos de fraude y corruptelas. Y es que las fundaciones y asociaciones, en general cualquier institución que es receptora de donaciones, es objeto de especial vigilancia por las autoridades responsables de la prevención del blanqueo de capitales y contra el terrorismo.

¿Conseguiremos algún día en España que la información sobre fundaciones, asociaciones, entidades religiosas, clubes deportivos y demás organizaciones sin fines lucrativos sea realmente accesible para los ciudadanos?, ¿conoceremos algún día en España las cuentas de todas y cada una de las entidades indicadas? Porque hoy en día nada de ello es posible.