hipocresía pública

 

El viernes 18 se dio a conocer, a través de diversos medios de comunicación, la llamada Declaración de Granada, suscrita por casi 40 catedráticos de universidad, sobre el estado de la Hacienda Pública española en términos jurídicos. La declaración no tiene desperdicio, pues pone de manifiesto los graves problemas de seguridad jurídica con los que se enfrentan los contribuyentes españoles, aunque, como bien dice la propia declaración, ahora nos quieran denominar obligados tributarios. Y es que, desde hace mucho tiempo, vivimos en un mundo de farsa en el que nos dedicamos a inventar denominaciones que suavicen o enmascaren de lo que de verdad estamos hablando, pero que, en muchas ocasiones, restan valores a los términos que veníamos usando.

Recordarán que antaño se hablaba de los amigos de lo ajeno en vez de ladrones, así no era tan crudo; de la misma forma que se habla de delitos de guante blanco a los que cometen contra el patrimonio personas de un nivel socioeconómico elevado, cuando el término apropiado es el de estafa, pero eso del blanco queda tan limpio. Más modernamente hemos incorporado la prisión permanente revisable en vez de cadena perpetua, porque parece más suave y llevadera. Un cúmulo de eufemismos con los que, de manera hipócrita, se pretende que el mundo parezca más dulce. Pero en el ámbito tributario se juega en sentido contrario con el término obligado tributario, que solo nos habla de declarar o pagar un tributo, ya que con esa denominación hemos vaciado de derechos al ciudadano, y es que el antiguo, pero riguroso, término de contribuyente incorpora ser titular de derechos, porque el contribuyente es el que contribuye al sostenimiento de lo público, de lo común y puede exigir, lo que no le ocurre al obligado tributario.

La Declaración de Granada, manifestaciones históricas aparte, no tiene desperdicio porque pone negro sobre blanco la deriva en la Hacienda Pública española, que es mucho más que lo que conocemos por derecho tributario. El concepto Hacienda Pública engloba el mundo de los ingresos públicos, los tributos, y el de los gastos públicos, retribuciones de funcionarios, pensiones, subvenciones, prestaciones sociales, obras públicas; sin olvidar que la retribución de funcionarios incluye a su vez muchas funciones, justicia, defensa, sanidad, educación, orden público, relaciones exteriores, etc. De ahí la importancia de la Declaración porque pone el dedo en la llaga al abordar los dos ámbitos, los ingresos y los gastos. Y destaca el abuso, por extenso, por frecuente y sin motivación adecuada, de los cambios normativos por la vía del decreto ley. Cómo, añadiría yo, la adopción de procedimientos tributarios de dudoso apoyo legal.

Firmantes de la Declaración de Granada, © M. Rodríguez vía El Mundo.es

Firmantes de la Declaración de Granada, © M. Rodríguez vía El Mundo.es

Cada día se pone más de manifiesto que las autoridades responsables de la Hacienda Pública juegan con un principio totalmente rechazable, “neguemos, que como no reclamarán todos, eso que ganamos”. Esta manera de actuar que incluye negar deducciones fiscales sin motivo cierto, exigir la presentación de documentación sin causa justificada, pagar devoluciones, ordenadas por los tribunales, de la manera más gravosa posible para el contribuyente, imponer sanciones sin ajustarse a los reiterados criterios que exigen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, negar subvenciones por razones que rayan en lo subjetivo o ideológico, modificar los criterios de interpretación de la norma por el solo motivo de aumentar la recaudación, exigir el reintegro de subvenciones con argumentos peregrinos, cambiar las normas dictadas para desarrollar una actividad subvencionada una vez iniciado el plazo de ejecución o pagar con retraso las subvenciones sin justificación alguna. De todas estas irregularidades he sido testigo y, cuando las entidades afectadas han recurrido a los tribunales de justicia, por no tener temor a posibles represalias, en la gran mayoría de los casos han visto satisfechas sus reclamaciones. ¿Por qué a pesar de esas sentencias la administración pública sigue actuando de la misma forma? Y mi queja afecta a todas las épocas políticas, si bien en los últimos años la situación se ha agravado considerablemente.

La administración pública, toda ella, debería ser la primera interesada en cumplir la norma y brindar seguridad jurídica a los ciudadanos en su relación con ellos. Y hablo de toda ella porque esto que denuncia la Declaración de Granada afecta a todos los niveles, también al autonómico y al local, aunque solo se cite a la Hacienda Pública estatal y a las autonómicas de soslayo. Y deberían ser las administraciones las primeras interesadas para dar ejemplo ante los ciudadanos e impregnar a la sociedad de ese valor de sentirse obligados con la ley, en beneficio de todos. Porque esa fórmula que aplica la administración tributaria de exigir ciertas cargas adicionales, sabiendo que muchos obligados tributarios van a pensar, “mejor no reclamo y así me dejan en paz”, no es propia de los estados de derecho.

Pero esas exigencias que formulo están reñidas con las actitudes de pedir del Estado para uno mismo y negar para los demás. Todo el mundo exige coberturas de las administraciones públicas, al tiempo que nos quejamos de las subvenciones que se abonan a los partidos políticos, por ejemplo, en un país que no tiene el hábito de sufragar particularmente la actividad política. Y por eso ocurre que las subvenciones a los partidos políticos se registran en el mismo epígrafe que los gastos electorales, como si ambas cosas fueran lo mismo, negamos la información más necesaria sobre las ayudas a los partidos y los gastos que supone el ejercicio de los derechos de voto como ciudadanos, que son cosas bien distintas, y si uno acude al Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado y pide información sobre las subvenciones a los partidos políticos se encuentra con que la última información disponible es de mayo de 2017, ¿por qué este retraso? Claro que más retraso sufren los propios partidos en cobrar las subvenciones legalmente aprobadas y debidamente justificadas, pues algunas de ellas llevan retrasos de más de un año en ser abonadas. En el año 2017 se reconocieron a los partidos, por todos los conceptos, subvenciones por importe de 64 millones de euros y se pagaron 59 millones de euros y en el año 2016, que acumula varios procesos electorales, se reconocieron a los partidos subvenciones por 148 millones de euros y se pagaron 126 millones de euros, ¿por qué esta deuda por primera vez en cinco años? Se me ocurren muchas explicaciones, pero para despejar dudas sería bueno que los responsables de ello las ofrecieran, porque generar deudas financieras no parece la medida más saludable para unas instituciones sin ánimo de lucro.

No son los mejores tiempos para la Hacienda Pública en términos de seguridad jurídica y de cumplimiento de las más elementales normas que definen a un estado de derecho. La arbitrariedad en la interpretación de la norma, los cambios atropellados en la misma, las modificaciones de los créditos presupuestarios evitando el adecuado debate parlamentario, no constituyen los mejores ejemplos de una Hacienda del siglo XXI. Baste un ejemplo, todos los años se modifica en cuantía importante el presupuesto destinado a Defensa, como si se tuviera vergüenza en reconocer dichos gastos, y ello ocurre porque no se produce un debate sobre la ejecución presupuestaria en condiciones, tal y como decía en una entrada anterior.

Mientras no se pierda la hipocresía en lo público, no se respete la norma y no se haga un esfuerzo continuado para que los ciudadanos seamos tratados como portadores de derechos y no solo como cumplidores de obligaciones, no avanzaremos por el camino adecuado para enderezar las finanzas públicas.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

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