¿igual o peor?

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Estábamos en medio del debate político cuando de pronto se incorporaron al mismo las Aguas de las Cuencas Mediterráneas, todas ellas. Y distrajo nuestra atención sobre lo más actual, aunque parece que por mor de la costumbre hemos vuelto a lo importante y hemos dejado de lado las Aguas. Total, de estos casos hemos oído tantos, que uno más no nos sorprende. Y así es como pasados unos días los interesados han conseguido su objetivo, que el tema pase desapercibido, y ya no se hable de ello.

¿Qué es Aguas de las Cuencas Mediterráneas? Es AcuaMed, y ahora sí, ahora sí les suena este asunto que ha sido noticia por unos, más que supuestos, desfalcos en operaciones de inversión. Hay varias personas detenidas, entre ellas el director general de la empresa, y ya ha dimitido algún alto cargo de la administración por estar allí. Porque a la vista de lo que sabemos, los 12 miembros del consejo de administración de esa empresa estaban allí, no debían de hacer mucho, pero estaban allí. La empresa depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sí el que fuera reino de ese ministro tan pizpireto, Arias Cañete, que en la mayoría de sus apariciones públicas salía comiendo.

Pero los medios no nos han hablado de la empresa para saber de su importancia. Según nos informa el Ministerio de Hacienda, en su página web, en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 figura un presupuesto de explotación de AcuaMed con una cifra de negocio prevista de 90 millones de euros, efectuará inversiones por más de 240 millones de euros y recibirá unas subvenciones de más de 140 millones de euros, de las que 90 millones proceden de la Unión Europea (UE) Primera pregunta ¿seguirá dando subvenciones la UE a una empresa pública donde se descubren sobrecostes fraudulentos por varias decenas de millones de euros?

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio AmbientePero el relato de su importancia no termina en las cifras anteriores. Han reducido la plantilla en 30 personas, un 20%, en los últimos 4 años. El inmovilizado de esta empresa es de 2.800 millones de euros, aproximadamente. Y el capital social que el estado ha invertido en ella es de 1.700 millones de euros. Vamos, que ya no estamos hablando de una menudencia. Tiene una deuda con la hacienda pública de 65 millones de euros por subvenciones a devolver al haber incumplido los plazos de ejecución en tres proyectos concretos, lo que resulta sorprendente en tiempos de penuria financiera. Segunda pregunta ¿nos podemos permitir el lujo de renunciar a subvenciones por una mala gestión sin el más mínimo sonrojo de autoridad política alguna?

Esta joya de empresa pública, Acuamed, no paga a todos sus acreedores dentro de los plazos máximos que marca la ley y no es por falta de fondos porque tenía invertidos en bonos y obligaciones del estado casi 250 millones de euros, nadie sabe para qué. Por cierto, tiene unos pasivos por impuesto diferido por importe de 240 millones de euros; es decir, ha hecho como cualquier empresa, ha aplicado aplazamiento del pago del impuesto sobre sociedades por esa cuantía al aprovechar ciertas ventajas fiscales, suponemos que con la bendición del ministro de hacienda. Aunque la amistad es algo turbulenta, pues la inspección de hacienda le ha levantado un acta por IVA por deducirse algo que no puede, pero no nos informan, en sus cuentas anuales, del importe de la cuantía a pagar. Tercera pregunta ¿se recuperarán los sobrecostes fraudulentos que, según algunas fuentes, superan los 20 millones de euros?

En este blog he hablado con anterioridad de algunas empresas públicas porque me resultaban llamativas, ya fuese por su objeto social, Hipódromo, por su gestión, Paradores, o por el desorden en conjunto. Nada ha cambiado, mejor dicho, ha empeorado la situación del sector público empresarial, porque estos desfalcos o licitaciones infladas de manera artificial se daban por superados. Uno pensaba que lo que había era una mala gestión, pero no, va mucho más allá que todo eso. No terminamos de instalar una cultura del rigor y del control en el sector público empresarial.

Esto no va de si deben o no deben existir empresas públicas, de cuáles deben ser y de su dimensión, esto va de rigor, de transparencia, de buen gobierno, que se dice hoy en día. Pero nada de ello se ha producido en los últimos años, al contrario, la opacidad ha aumentado y la falta de limpieza, como podemos comprobar, también. Y no afecta solo al sector público empresarial, también afecta al sector privado que actúa en régimen de monopolio de hecho sin que nuestra ínclita Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haga nada por evitarlo. CNMC que se ha convertido en un monstruo regulador que no regula. En concreto me refiero al caso de la compañía LOGISTA, que cotiza en bolsa, cuyo capital está dominado en un 70% por un fabricante de tabaco (Imperial Tobacco) y tiene de facto el monopolio de la distribución mayorista del tabaco, monopolio desde el que ha penetrado en la distribución de otros productos alcanzando una posición de dominio, lo que, precisamente, no facilita la competencia y no aumenta el acopio de tecnología competitiva. De esta compañía también hablé en detalle con anterioridad. Compañía que cuenta, en su consejo de administración, con la inapreciable colaboración de los exministros Eduardo Zaplana y Cristina Garmendia.

El domingo 24 de enero, en el diario El País, se publica un artículo de Luis Garicano en el que, al tiempo de arrimar el ascua a su sardina, plantea las dificultades para avanzar en lo que se supone debería ser una supervisión moderna. Yo iría más allá, ¿cuándo nos vamos a tomar en serio al sector público y le vamos a inocular los virus de la transparencia y del buen gobierno? Estamos peor y lo delicado es que muy pocos hablan de aplicar cambios.

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