No piensen que he decidido cambiar de materia en el blog y dedicarme a la astronomía o a la geometría. Nada de eso, es que hay cosas en las que queremos buscarle los tres pies al gato y resulta que, en ocasiones, suelen tener más de cuatro y encima son patas, como bien me explicaba mi madre, a la que acompañó un gato en los últimos años de su vida, obediente él por la cuenta que le traía. Y esto de los tres pies han querido hacérnoslo creer esta semana, cuando hace tiempo que habíamos descubierto las cuatro patas. Aunque algunos se quieran hacer los interesantes a estas alturas. ¡A buenas horas, mangas verdes! Todo esto va mucho más allá de una simple aplicación de la ley del embudo.
La estratosfera es ese espacio que forma parte de la atmósfera, situado entre la troposfera y la mesosfera, y se encuentra entre los 10 kms. y los 50 kms. sobre la superficie terrestre, aunque su altitud varía en función de la región de la tierra en que nos encontremos. En esta capa se encuentra el muy famoso ozono estratosférico que filtra los rayos ultravioletas procedentes del sol. Pero, en el lenguaje coloquial, lo estratosférico es aquello que se encuentra muy lejos, casi inalcanzable, como le ocurre a la deuda del, muy famoso también, Ayuntamiento de Madrid. La deuda de esta institución a 31 de diciembre de 2016 era de 3.868 millones de euros, la mayor con diferencia de todos los ayuntamientos de España, y que a 31 de diciembre de 2012 alcanzaba la cifra de 7.430 millones, prácticamente el doble de la actual. Imaginen la cantidad de cosas que se podrían hacer en condiciones en la ciudad de Madrid si no hubiera que pagar esa estratosférica deuda y su coste.
El muy famoso Ayuntamiento de Madrid ha hecho un esfuerzo enorme para reducir semejante nivel de deuda financiera. La verdad es que lo hemos hecho los ciudadanos de esta ciudad con esas encantadoras revisiones de los valores catastrales que han permitido aumentar la contribución por vía del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del que he hablado aquí con anterioridad. Pero también lo han hecho aquellos que, en régimen de arrendamiento, habitaban viviendas sociales, porque el muy famoso Ayuntamiento de Madrid decidió venderlas a fondos privados de inversión, de esos llamados buitres, y que le puede costar algún disgusto judicial a los anteriores regidores.
Ayuntamiento de Madrid
Para el Diccionario de la lengua española (DEL) la palabra regla tiene 13 acepciones diferentes, ya ven que término más versátil. Sirve para un roto y para un descosido, nunca mejor dicho en el caso que nos ocupa. Porque la aplicación de la ‘regla de gasto’ le ha supuesto un roto al muy famoso Ayuntamiento de Madrid, pero le va a suponer un descosido a nuestro ínclito rompetechos. Y es que esto de aplicar reglas es un asunto muy delicado, pues lo primero que hay que observar es si el que pretende exigirla la cumple. Y las voces que ponen de manifiesto que nuestro pretendiente, que vive desatado en los últimos meses, no es un fiel cumplidor de sus reglas vienen avisando desde hace tiempo. La regla de gasto, en el ámbito de la hacienda pública, es el modo establecido (acepción 4ª del DEL) de ejecutar el gasto presupuestado, según se establece en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la primera en usar ese término, aunque la pretensión de actuar acorde a la estabilidad presupuestaria viene de antaño, como concepto desde que el ministro de Hacienda José de Echegaray lo enunciara allá por 1905. Por cierto, José de Echegaray y Eizaguirre fue Premio Nobel de Literatura en 1904 y algunos críticos no llegan a saber bien el motivo.
Pero nuestro actual ministro de Hacienda tiene más vocación de interventor que de líder hacendístico y, en vez de crear una senda virtuosa en lo financiero para el desarrollo de la sociedad acorde con sus capacidades y posibilidades, prefirió establecer una norma injusta, especialmente con los entes locales, que a él también le afecta y que es el primero en incumplir. Y si no lo creen pregunten por las ampliaciones de crédito para gastos de defensa o por los sucesivos incumplimientos de déficit por gasto corriente, a pesar de haber sumido al sector público en los últimos años en el mayor páramo en inversión que se recuerda.
Cristóbal Montoro
Aunque debemos reconocer que no es todo obra del ministro. El Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a este dislate al gastar en lo que no podía por no haber sabido gastar en lo que debía. Porque la regla de gasto no impide gastar, lo que dice es que no se puede aumentar el gasto respecto del ejercicio anterior más que el crecimiento previsto de la economía y, en otros artículos de la norma, se dispone que el superávit presupuestario se destinará a cancelar deuda. Y el Ayuntamiento de Madrid compró a finales de 2016, innecesariamente, un edificio con el que nos gastó una inocentada a todos los madrileños. Ya ven que las cosas no se pueden hacer deprisa y corriendo, que luego se nos queda la casa sin barrer. Y, antes de seguir, lo del superávit de 1.032 millones del Ayuntamiento de Madrid, que citan algunos, hay que entenderlo correctamente, es la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir el servicio de la deuda; y la deuda hay que pagarla. Se podrían establecer planes financieros para prolongar en el tiempo el pago de la deuda y disponer de más recursos para invertir o afrontar gasto corriente, pero eso hay que explicitarlo y luego, lo más importante, hay que saber gestionarlo para ejecutarlo.
Pero no es solo el Ayuntamiento de Madrid el que incumple la regla de gasto y los principios de estabilidad presupuestaria, también lo hacen los de Barcelona y Bilbao y Valencia, entre otros, y sorprendería mucho que al Ayuntamiento de Bilbao le quisieran aplicar alguna medida de intervención pues la deuda de este consistorio al cierre de 2016 era de 1 millón de euros, han leído correctamente, 1 millón de euros.
Llegados aquí debemos concluir que detrás de la medida de intervención acordada por el ministro de Hacienda lo que se esconde es una decisión de naturaleza política, apoyada en un cierto incumplimiento de la norma en el que incurren las administraciones públicas, empezando por el propio Gobierno de la nación y que a nadie parece preocupar. Quizá la medida es fruto de un interés por distraer la atención de la audiencia en otros menesteres o en ocultar errores de permisividad cometidos con otras entidades con anterioridad. Porque intervenir al primer ayuntamiento del país da para mucho y hasta te hace parecer de más envergadura de la que tienes.
Personalmente creo que se está queriendo actuar ante un incumplimiento menor con una actuación de naturaleza política, con base en una regla obtusa y desmedida, cuando en otros momentos se ha consentido el café para todos, porque entre propios no se querían hacer daño. Mal le irá a este país si las decisiones de orden técnico se adoptan con tal cortedad de miras. Corrijo, ya le está yendo mal por no saber estar a la altura y aplicar la norma con criterio de oportunidad política. Quizá algún día nos demos cuenta que la política está en la creación de la norma e incluso en su modulación, pero no puede estarlo en si se aplica o no, pues si no se quiere aplicar, cámbiese o deróguese. El problema viene de atrás, ya en el preámbulo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, se decía que:
“En este sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acordado en el Consejo de Ámsterdam en junio de 1997, limita la utilización del déficit público como instrumento de política económica de la Unión Económica y Monetaria.”
Leyendo estas cosas uno se pregunta ¿el gasto público no era un instrumento de política económica? La deuda puede ser estratosférica, pero la ceguera política es total.