pendencia

Nos dice la Real Academia Española (RAE) que una de las acepciones de la palabra pendencia es:

2. f. Der. Estado de un juicio que está pendiente de resolución.

Es decir, la pendencia refiere los asuntos judiciales que se encuentran en el limbo vinculado a la judicatura. Porque en España podemos hablar de limbo y es que dada la poca predictibilidad de los jueces y magistrados españoles y el largo periodo que transcurre hasta que un asunto se resuelve, el uso del término es el adecuado. Por si algún lector de esta entrada está sumido o próximo a estarlo en la pendencia judicial le informo que la RAE tiene recogido el verbo pendenciar, cuya conjugación pueden consultar en este enlace por si tienen que practicar.

Y se preguntarán ustedes, lectores inquietos, ¿a cuento de qué nos habla el Real de a Ocho de la pendencia judicial? Pues muy sencillo, las sociedades avanzadas se dotan de un mecanismo de resolución de conflictos al que en términos generales llamamos JUSTICIA. Este mecanismo es fundamental para asegurar que las sociedades sean democráticas y transparentes. Uno de los avances más importantes para la convivencia pacífica de los seres humanos es poner en marcha una JUSTICIA aceptada y respetada por todos, especialmente por lo que al cumplimiento de sus resoluciones se refiere.

La JUSTICIA es, en mi opinión, uno de esos recursos que tenemos en España que está inutilizado por los inútiles, aunque habría que matizar un poco lo de inútiles, porque no son inútiles con ellos mismos. Ya saben que en el desorden reinan los inútiles.

Para muestra un botón reciente. El muy famoso Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le encarga un sondeo de opinión a Metroscopia sobre “La imagen de la Justicia entre usuarios de sus servicios” en febrero de 2023. Cuando uno lee el informe resultante del sondeo se percata que los resultados reflejados refieren las respuestas de los encuestados sobre los juicios, pero la JUSTICIA no es solo el juicio, y así resulta que el 82% opina que toda la documentación estaba al comienzo del juicio a disposición del tribunal y las partes, lo grave es ese 18% en el que no lo estuvo, ¿cómo se puede celebrar un juicio sin la documentación oportuna? Además, resulta muy grave que el 37% de los juicios no comenzaran a la hora prevista, ¿si usted llegara tarde al trabajo uno de cada tres días le dejarían continuar en él? Pero el muy famoso CGPJ se siente satisfecho del resultado, ¿quizá porque el desorden en el que reinan los inútiles sigue marchando?

Dicho lo anterior, debemos reconocer que en la web del muy famoso CGPJ hay mucha información sobre la situación y funcionamiento de la justicia, especialmente en la memoria que se publica anualmente, claro que en la memoria anual de 2023, referida al año 2022, de 541 páginas, no se aborda la situación hasta la página 418, cuando lo lógico sería empezar por contarnos como está la justicia española y además deberían referir el gasto nacional en justicia y no tener que rebuscar entre la información ofrecida en la web del poder judicial. Información económica que. como ocurre generalmente con otras instituciones, está muy retrasada.

Para conocer el estado de la JUSTICIA en España basta con manejar cuatro datos muy sencillos, el número de jueces y magistrados, el gasto público que se destina a esta función, los asuntos que llegan a los juzgados y los asuntos pendientes, la pendencia.

Y antes de comentar los datos que les indico, déjenme que les refiera que los juzgados y tribunales españoles controlaban a fines de 2022 casi 5.000 millones de euros en depósitos judiciales. No sé si es una cantidad excesiva o insuficiente, si se ajusta a lo razonable o no, pero como haría un auditor me hago dos preguntas ¿todos los euros depositados son los que deberían estar? y ¿están depositados todos los euros que deberían estarlo? Y me hago estas preguntas porque, dada la frecuencia con que somos informados de las fugas de personas procesadas que no se presentan ante los tribunales y lo habitual de que se pierdan algunos expedientes judiciales, ¿se habrán sustraído al control de la justicia alguno de los euros en cuestión?, ¿estarán retenidos indebidamente por la justicia algunos euros que deberían estar en poder de sus legítimos propietarios?

Una precisión antes de continuar. En el año 2016 se produce una caída muy importante en el número de asuntos que se registran en los juzgados como consecuencia de una reforma legal por la que dejan de llegar a los tribunales las denuncias por delitos sin autor conocido. Ello no impide ver la evolución en los años anteriores y siguientes.

Volviendo a las cifras de referencia la desilusión es grande porque los fondos públicos empleados en la JUSTICIA aumentan con el transcurso del tiempo, el número de jueces y magistrados aumenta sin que cunda el desaliento, pero ¡ay, señor! el número de asuntos pendientes aumenta de manera inexorable, con un matiz relevante, ello ocurre sin que los casos que llegan a los juzgados aumente en la misma proporción, es decir, la eficacia y eficiencia de los tribunales disminuye de manera constante ¿nos merecemos esto los ciudadanos de a pie que somos los que pagamos los más de 4.500 millones anuales a través de nuestros impuestos?

A partir de estos datos me asaltan muchas preguntas, muchas dudas, que quiero compartir con ustedes. Paso a darlas a conocer.

¿Alguien le pondrá freno a este desaguisado?

¿Parte de la conflictividad existente será fruto de una mala redacción de las normas?

¿Tanta controversia existe en la sociedad que tiene colapsada la JUSTICIA?

¿Los datos muestran alguna relación con la consideración que han tenido con la JUSTICIA los distintos gobiernos, según su sesgo partidario?

¿Hay razones de peso que justifiquen las huelgas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y resto del personal judicial?

¿Somos conscientes de que, entre todos los cargos públicos, aparecen en lugar preferente por sus retribuciones los magistrados del Tribunal Supremo, los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial?

Hay una expresión en el mundo funcionarial español que refleja fielmente uno de los males que le afectan. Es habitual que los funcionarios hablen de que “tienen la plaza en propiedad”, también en el mundo de la judicatura, ¿de verdad son propietarios y pueden hacer con su propiedad lo que les venga en gana?, ¿significa ello que no están obligados a rendir cuentas y a mantener un nivel de preparación adecuado?, ¿les habilita ello a disfrutar de excedencias sin límite y regresar a su conveniencia?

Sin rubor alguno se afirma en la memoria del muy famoso Consejo General del Poder Judicial que la duración media de un procedimiento judicial, entre la primera instancia, la segunda y el Supremo, es de 25,5 meses, dato anterior a las últimas huelgas del año 2023. Plazo que podría llevar a algunas personas a referir que estamos ante una justicia para los herederos.

La JUSTICIA en España cuesta mucho dinero, no solo el que se consigna en los Presupuestos Generales del Estado y en los de las comunidades autónomas, hay que considerar el efecto que tienen en la economía los retrasos injustificados y esas resoluciones sui generis que todos conocemos y que, en ocasiones, ponen los pelos de punta, ¿llegó la democracia a la JUSTICIA española? Panorama desolador sin remisión alguna.