somos menos y pagamos más

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El calor nos afecta a todos y las altas temperaturas de este mes de junio unidas a los problemas sanitarios de personas allegadas, felizmente superados, me han debido alterar en demasía, porque la entrada de hoy es muy poco correcta, políticamente hablando. Así que luego no se quejen, están advertidos de los atrevimientos que me he permitido incluir. Y es que llega un momento en que uno ve cómo van cayendo las hojas del calendario y los responsables elegidos para resolver los problemas siguen impasibles, sin haber puesto en marcha las medidas oportunas para superar los inconvenientes a los que nos enfrentamos.

Distraídos con si son galgos o podencos los evasores fiscales, como si lo importante no fuera que son evasores, abstraídos por el mundo de los unicornios rosas que nos han querido vender en tres días, olvidados del continuo e imparable aumento de la deuda pública y el aparente sobresalto causado por el CETA, por las siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement) del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, entre otras cuestiones, nos hemos olvidado de que casi ha concluido una nueva campaña sobre la renta, que ha pasado sin pena ni gloria y ha encarecido el cumplimiento de sus obligaciones a multitud de contribuyentes, y de que el crecimiento vegetativo del número de habitantes en España en 2016, por segundo año consecutivo, ha sido negativo. En todas las comunidades y ciudades autónomas el número de nacimientos en 2016 fue inferior a los habidos en 2015. Un dato preocupante y que, de seguir así, puede ser más que alarmante.

En este real de a ocho hemos comentado en más de una ocasión el serio problema poblacional que tiene España, especialmente porque la población de personas en edad laboral ha disminuido en los últimos años. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017, el número de activos era de 22.693.300 personas, mientras que un año antes era de 22.891.000 personas y cinco años antes era de 23.433.000 personas. A todo ello debemos añadir que la población prolonga su esperanza de vida, la de las mujeres de 65 años en la actualidad es alcanzar los 88 años y la de los hombres de 65 años hoy es alcanzar los 84 años. En tan solo 10 años la esperanza de vida ha aumentado, en ambos casos, en 1,5 años.

Informe a las Cortes Generales sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Informe a las Cortes Generales sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Las personas activas, que son aquellas que se encuentran en disposición de trabajar, son las que, al final, atienden el pago de las contribuciones sociales para hacer frente a las pensiones contributivas. Porque de las no contributivas se hace cargo el Estado vía impuestos. Pensiones que no paran de crecer en cuantía media, pues las personas que se jubilan en los últimos años son los que trabajaron en las décadas en que se produjeron significativos aumentos en el poder adquisitivo de los salarios y que, a duras penas, han visto mantenerse ese poder adquisitivo en los años previos a la crisis. En definitiva, somos menos y hay que pagar más pensiones, ver aquí.

El presupuesto de la Seguridad Social destinado al pago de pensiones asciende para 2017 a 116.000 millones de euros, aproximadamente. Es, con diferencia, el capítulo de gasto más importante de todo el sector público español. Y no tenemos cotizaciones para atender el compromiso en su totalidad, nos pongamos como nos pongamos. Y en esto de los dineros la solución no vendrá por agitar eslóganes o pasquines, vendrá por alcanzar un acuerdo, por una amplia base social, sobre medidas que aseguren su viabilidad a medio y largo plazo. Y es aquí donde debería centrase el foco de atención del debate político, porque cada semana que retrasemos las decisiones puede costar un semestre en obtener frutos con las mismas y, muy posiblemente, aumentar su dureza.

Como ya dije en octubre el tema iba a suponer un áspero debate, del que nos han hurtado lo más interesante, en la conocida comisión del Pacto de Toledo. Comisión de la que no se obtiene información sobre lo tratado en sus reuniones a través de la web del Congreso de los Diputados. Por supuesto, las recomendaciones de los partidos se han retrasado, pues estaban previstas para la primavera. Tampoco sabemos qué van a proponer los partidos políticos, pues los debates en los mismos se conducen con el mayor de los sigilos, como si de las negociaciones del CETA se tratasen. Y digo esto porque una de las críticas negativas al CETA es que las negociaciones se han llevado secretamente, como suele hacerse en todo acuerdo comercial, por otra parte.

Mientras tanto nos debemos conformar con conocer cómo se encuentra la muy maltrecha hucha de las pensiones, aquél famoso fondo de reserva que empezó a dotarse en el año 2000 y que en el año 2011 tenía acumulados 66.815 millones de euros. Importe que ya tenía un cierto valor significativo pues, en el momento actual, darían para atender más de medio año de las obligaciones del sistema de pensiones. Ya ven que difícil es acumular fondos, pues después de 11 años de dotaciones, solo cubrirían medio año de prestaciones. Y es cierto que durante la crisis había que disponer del fondo de reserva, aunque solo lo hicieron unos y no otros, pero que no se hayan tomado medidas de verdad para cortar la sangría y recomponer dicho fondo de reserva no es comprensible. La verdad es que las medidas debieron adoptarse, como debe hacerse siempre, en los momentos de bonanza. No bastaba con crear el fondo de reserva ni con aprobar dotaciones a dicho fondo, había que haber mirado a largo plazo, y eso propusieron algunos expertos, a los que llamaron agoreros. Y como siempre, atribuyéndose la verdad, hubo quién dijo que las pensiones estaban garantizadas porque si no era la Seguridad Social las atendería el Estado.

Informe a las Cortes Generales sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Informe a las Cortes Generales sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Tengo la sensación de que nadie se ha parado a pensar que trasladar las pensiones al Estado puede contribuir a un deterioro mayor del que van a sufrir en breve. La defensa de las pensiones debe de venir de un aumento de los ingresos en el sistema de la Seguridad Social para lo que es fundamental una ampliación de la base de cotizantes. Cualquier estudio serio sobre el tema de las pensiones detecta dos vías fundamentales para lograr ese aumento de los ingresos. La lucha contra la economía sumergida y el aumento de los ocupados con niveles salariales más elevados que lo que ocurre últimamente, es decir, la creación de empleo de valor. No podemos pretender que las altas de ocupados, básicamente de personal de hostelería, cubran las pensiones de ingenieros, médicos o informáticos, por ejemplo. Y no piensen que los sistemas privados son la panacea, ¿con rentabilidades promedio menores al 2% anual, si es que logran ser positivas, como van a superar la inflación y generar una acumulación de fondos suficiente? Un dato a tener en cuenta, la última encuesta de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos dice que los costes salariales siguen disminuyendo en España, ¿es buena medida abaratar los salarios?

Me gustaría conocer las medidas concretas que proponen los distintos partidos y las que les han sugerido los expertos en la comisión del Pacto de Toledo, entre otras razones, para saber si el sistema va a ser viable o habrá que adoptar medidas drásticas para asegurarse el porvenir. Cuando luego llegue el momento de aplicarlas nos puede pasar como con el CETA, que algunos se quejarán del secreto de las sesiones y del desconocimiento de las medidas y querrán discutirlas entonces, cuando el agua ya nos haya sobrepasado y haya que actuar deprisa y corriendo. Aún estamos a tiempo de evitar el fiasco, porque no podemos olvidar que somos menos, ciudadanos y cotizantes, y pagamos más número de pensiones de mayor importe promedio y durante más tiempo.

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