suspenso

 

Corría el año 1922 cuando se aprobó una ley provisional para 4 años, que duró 81, con la que se pretendía remendar el Código de Comercio de 1885, vigente hoy en ciertas cuestiones, en materia de suspensión de pagos o proceso concursal, que se dice ahora. Hay quién afirma que dicha ley se aprobó para reordenar el sector ferroviario, que acumulaba grandes deudas, pérdidas e ineficiencias, y dicen otros, a la luz de la disposición adicional primera de la norma, que se aprobó para salvar de la quiebra a la que estaba abocado el Banco de Barcelona. Pero en lo que todos coinciden es que la ley fue auspiciada por el que fuera un gran proteccionista y posterior apoyo de los sublevados, Francesc Cambó. Les invito a leer el número 257 de la Gaceta de Madrid, predecesora del BOE, del 14 de septiembre de 1922, aunque en la primera página que aparece figure 1921.

Y esto de las suspensiones de pagos, en un país tan poco mercantilizado como el nuestro, históricamente hablando, ha estado mal resuelto siempre. Incluidos los tiempos actuales, por mucho que le pesara al que fue considerado padre de la vigente Ley Concursal de 2003, y ello a pesar de las reformas que se introdujeron en 2009 y 2011, de las que abominaba el profesor Olivencia, quizá porque, como a muchos juristas, le parecía que el transcurrir del tiempo no tiene importancia ni va con ellos y que los agentes sociales esperarán pacientemente a que los operadores judiciales se pronuncien, sin pararse a reflexionar sobre la necesidad de que las normas deben resolver ciertas situaciones y no añadir dolor al sufrimiento. Y para conocer su opinión basta con leer su conferencia de 2011.

Parece que nadie quisiera asumir que las normas dispuestas para resolver las situaciones en que una persona, ya sea física o jurídica, no puede hacer frente al pago de sus deudas, llegado el vencimiento de estas, están para intentar ofrecer una solución razonable con el menor daño posible, intentando salvar la actividad económica, si la hubiere, y ofreciendo una nueva oportunidad al deudor. A veces tengo la sensación de que se busca que el deudor deba quedar inhabilitado por tiempo inmemorial o que las empresas suspensas desaparezcan desordenadamente. Eso sí, nos dedicamos a perder el tiempo en si la situación del deudor es de insolvencia o de iliquidez, olvidando que si es de insolvencia se puede convertir en iliquidez por las quitas que se puedan aplicar en el proceso.

Estas dudas y pausas, prevenciones y cautelas, rigor y diligencia, se han echado en falta en el asunto de la reciente resolución del Banco Popular. Ya ven el eufemismo, resolución, que es el vocablo que se usa hoy en día para designar la “muerte” mercantil de una entidad financiera. Proceso este de la resolución que no entiende de concursos y otras zarandajas y sobre el que me hubiera gustado conocer la opinión del profesor Olivencia. Como me hubiera gustado conocer la opinión de otros sesudos profesores sobre los plazos de un procedimiento que se instrumentó y se desarrolló en 3 días y que, según afirma su mudo presidente, ahora investiga la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) A buenas horas, que dirían los accionistas “liberados”, y con el informe del auditor sin publicar.

Y es que tenemos un problema en España con nuestras Comisiones Nacionales y otros reguladores. Como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que acaba de lucirse en una de esas resoluciones estrambóticas con las que llena páginas de la historia para el hazmerreír de los pocos que aún creen en el mercado. Dice la CNMC que Renfe debe prestarle sus maquinistas a las empresas que operen en el sector del transporte de mercancías por tren, dado que estas empresas ofrecen un salario más bajo que Renfe y no pueden competir; vamos, que de lo que se trata es de bajar los salarios nominales, no de competir. Me recuerda a aquel gobernador del Banco de España más preocupado por los salarios que por Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Cataluña, Banco de Valencia, Caixanova, Caixa Galicia y otras perlas del variopinto panorama financiero español, en el que no hubo saqueo, fue el mercado, según expresión del soberbio abogado y doctor en economía al que le faltó añadir que se estaba refiriendo a ese mercado asimétrico que gobernaba él y en el que pagábamos los demás.

Pero volvamos a los suspensos. En esta tierra nuestra en la que tanto valoramos ciertas cosas de allende el Atlántico, debemos saber que algunas empresas del actual presidente de los EEUU se acogieron en su momento al capítulo 11 de la ley de quiebras de su país, que es el equivalente a nuestra legislación concursal, de la misma forma en como lo han hecho a lo largo de su historia casi todas las compañías aéreas norteamericanas (United, Continental, American, Delta, etc.) y nadie se ha rasgado las vestiduras por ello. Quizá porque no piensan en “condenar” a nadie al fuego eterno. A veces los negocios salen mal o el devenir personal no es el más adecuado. Este afán por “señalar y castigar” al deudor lo hemos podido comprobar con el asunto de las hipotecas y los desahucios. Sabemos que hay personas que se aprovechan de las normas y pretenden abusar de ellas en beneficio propio y perjuicio del otro, a esos que les corrija su comportamiento el Código Penal si fuera necesario, pero no hablamos de eso. Hablamos de recuperar.

La compañía Crédito y Caución, en su último boletín semanal, se hace eco del aumento del número de concursos de acreedores presentados ante los juzgados españoles en el año 2017 y los compara con los de años anteriores. A la vista de las cifras debemos concluir, a bote pronto, que la situación ha empeorado y las crisis empresariales han aumentado. Y es digno de observar que, siendo el periodo de crisis una continuidad en el tiempo desde 2008 hasta 2015, como mínimo, en el año 2012 se produce un significativo aumento en el número de concursos, ¿sería debido ese fenómeno a que las reformas introducidas hacían aconsejable solicitar el concurso? Podemos concluir que el aumento fue debido a que los empresarios asumieron que no era un estigma solicitar el concurso y hacer frente a sus consecuencias para intentar salvar el negocio. Creo, sinceramente, que el aumento, aunque sea destacado, en el número de concursos no significa un empeoramiento de la situación económica de las empresas. Más bien creo que responde a que los empresarios han perdido el rubor para afrontar un concurso de acreedores, con lo que ello entraña de reestructuración de la deuda. Otro eufemismo, reestructuración de la deuda no es más que el procedimiento de quitas y esperas que figuraba en la vieja ley de 1922.

Pero dicho lo anterior, el aumento en el número de suspensos es un suspenso más a la situación de la economía española, porque, a pesar del espejismo que producen los 82 millones de turistas llegados en 2017, hay muchos indicadores que nos advierten que los problemas no se han resuelto, se han aplazado. Y resolver los problemas estructurales que aquejan a nuestra economía pasa, sin remedio, por sentarse a hablar y pactar las medidas que den lugar a un largo ciclo de crecimiento y corrección. El clavo sobre el que ha golpeado la crisis y las medidas correctoras aplicadas ha sido el mismo y, en este momento, el clavo ya no tiene cabeza sobre la que golpear.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

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