pícaros

 

Vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades, dicen que es la primera novela del género conocido como novela picaresca y que tanto nos caracteriza, porque dicen que este es un país de pícaros. Pero no podemos olvidar el Guzmán de Alfarache y la Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. Yo creo que no es para tanto, aunque es verdad que hay pícaros en España, en toda ella, algunos de ellos muy destacados. Nuestro ilustre Miguel de Cervantes, del que este año se conmemora el 400 aniversario de su muerte con olvido del Gobierno, sabía mucho de los pícaros y también se apuntó al género con su Rinconete y Cortadillo, novela a la que los expertos califican como de otra novela picaresca.

Una curiosidad, al escribir esta entrada descubrí que el programa Word no tiene reconocidos en su diccionario ni Alfarache ni Rinconete, ¡vaya con la Academia y el Ministerio de Cultura! Esta es una demostración palpable, una más, del ausente trabajo de conexión entre la tecnología y nuestra cultura. Se nos llena la boca de avances, progreso tecnológico y formación, pero no protegemos nuestra cultura. Pues sepan que proteger la cultura propia y enlazarla con la tecnología entraña desarrollo económico.

Continuemos. La picardía no es cosa de pobres o desharrapados, la picardía está presente en todas las clases de la sociedad española, incluso está interiorizada por instituciones que utilizan artes pícaras en su día a día. Hace unas semanas una editorial de material de consulta para asesores, me remitió un sobre publicitario en el que, para provocar mi interés por el material que contenía, decía en el exterior del sobre: Mi empresa y mi salario. ¿Estoy actuando correctamente?, lo que te llevaba automáticamente a interrogarte y, especialmente, a temer que no lo estuvieras haciendo bien, porque una máxima que atemoriza a los ciudadanos, muy extendida, es esa de “siempre encontrarán algo para poder sancionarte”.

Sancionar no es tan sencillo, hay que justificar las sanciones, hay que argumentar que daño se ha causado o con que actitud de ocultación se ha obrado o con que formas de simulación se ha conducido el ciudadano para que la sanción esté justificada. Así lo tiene dispuesto nuestro Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Supremo y otros tribunales de rango inferior. Y lo tienen dispuesto en varias y reiteradas sentencias, desde hace muchos años, a pesar de lo cual los tribunales se ven en la necesidad de seguir dictando sentencias, con serenidad y buenas formas, en las que se anulan las sanciones impuestas. Y yo me pregunto, aunque pueda sonar un poco fuerte, ¿para cuándo una condena por prevaricación por dictar resoluciones de imposición de sanción sin argumentar?

Tribunal Supremo

Tribunal Supremo

Uno llega a la conclusión de que se dictan resoluciones de imposición de sanciones que se justifican en el tan socorrido “si cuela, cuela” Ese grito de guerra de los pícaros que nos rodean por todas partes. Ese comerciante que te cobra algo que no te llevas porque ¿y si cuela?, ese profesional de la reparación que dice haber hecho algo que no hizo y lo cobra porque ¿y si cuela?, ese taxista que te lleva por una ruta inadecuada para percibir más importe porque ¿y si cuela?

Pero el comerciante, el profesional y el taxista del ejemplo anterior pueden ser objeto de denuncia ante los tribunales y objeto de reproche por estos y por la sociedad, señalándolos directamente, y pueden llegar a perder su negocio por su mala profesionalidad. ¿Qué miembro de la administración es objeto de reproche por dictar esas resoluciones de imposición de sanciones sin motivación alguna? Resoluciones que son una y otra vez desautorizadas por los tribunales, ya sean administrativos o judiciales. Y cuando refiero a miembros de la administración incluyo a los que dan las órdenes para actuar con esa temeridad.

Escribo esto porque tengo noticias de dos situaciones diferentes, pero unidas en la picaresca. La primera de ellas es que una entidad sin ánimo de lucro ha logrado que un tribunal administrativo le recuerde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que las sanciones hay que justificarlas y argumentarlas. Algo que no hizo la AEAT en el caso al que me refiero. Lo grave es el tiempo perdido, 4 años, la necesidad de que intervengan profesionales, el coste de todo este proceso. Coste que repercute en los contribuyentes que sostenemos esos tribunales administrativos, como sostenemos los judiciales. ¿Resulta tan complicado cursar instrucciones a todos los funcionarios de que no basta con invocar los artículos de la ley, sino que es necesario demostrar que el incumplimiento ha causado perjuicio o ha sido fruto de la ocultación o ha existido dolo?

Ya nos lo decía el ilustre Miguel de Cervantes, por boca de El Quijote: “Sancho con la iglesia hemos topado”, en este caso con la picaresca institucional.

Pero, además, a la picaresca institucional hay que unir la venganza institucional. Aquí está la segunda situación que citaba antes. Una empresa, que ha ganado un recurso sobre un contencioso con un departamento de la AEAT, ha visto como era sometida a revisión la declaración por dicho impuesto de un ejercicio completo, revisión justificante a justificante, con el resultado de, eliminado un error material, una pretendida cuota a pagar del 0,003% de las cuotas devengadas durante dicho ejercicio. Ya ven que ganar una disputa a la hacienda pública puede derivar en una inspección vengativa. Porque en el caso anterior, la verificación se pone en marcha semanas después de haber ganado el recurso. El resultado debe considerarse una especie de victoria porque el vengativo no ha logrado sus objetivos, la empresa ha actuado con corrección.

Mientras las administraciones públicas actúen guiadas por las pulsiones de sus miembros, sin ninguna sujeción a las normas, sin haber interiorizado las resoluciones judiciales, en definitiva, sin las actitudes propias de un estado de derecho, no vamos a avanzar en este país. Y esto de lo que les hablo ocurre en todos los niveles de la administración pública española. ¿Quién se atreve a reclamar ante un ayuntamiento de una pequeña ciudad?, hay temor a las consecuencias. ¿Quién se atreve a reclamar ante una comunidad autónoma, especialmente sobre materia lingüística?, hay temor a las consecuencias. La picaresca, que es una forma de corrupción, es enemiga de la democracia, el “y si cuela, cuela”, debe salir de nuestras instituciones. La venganza institucional es enemiga de la democracia porque fomenta el oscurantismo y debe ser erradicada.

Y todo esto afecta a nuestra economía porque genera eso que los economistas definen como externalidades, que es una forma sutil de llamar a los costes indeseados.

Me olvidaba, si les sancionan, recurran, exijan una demostración de los perjuicios causados o del daño provocado, neguémonos a consentir el “y si cuela, cuela”.

Escrito por Pedro Luis Egea Vega

Pedro Luis Egea Vega

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