Lo que ocurre es que es un asunto que, desde lo ético, refleja inmundicia, y desde lo económico, refleja ineptitud. Porque los 'cobrantes', los 'tarjetistas' negros, son los responsables de decisiones que han permitido llevar a cabo las operaciones que, en conjunto, han supuesto que el estado tenga que hacer frente a 23.000,0 millones de euros
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